Congreso pide participar en implementación de medidas contra celulares en escuelas
Tijuana, 27 de octubre. El Congreso del Estado aprobó solicitar al Gobierno estatal participación legislativa en las acciones que se están tomando, a partir del acuerdo federal publicado en septiembre pasado, para restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales personales en escuelas de educación básica.
El diputado morenista Jesús Razo Córdova hizo la propuesta para pedir a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y la secretaria de Educación, Irma Martínez Manríquez, incorporar a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología del Congreso, a labores de implementación y seguimiento del acuerdo, a fin de que el Poder Legislativo pueda proponer, en su caso, medidas de apoyo legislativo o presupuestal.
En un comunicado de prensa, el Congreso del Estado indicó que esto es relativo al Acuerdo federal número 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación del pasado 22 de septiembre, que tiene como objetivo «proteger los derechos y la salud mental de niñas, niños y adolescentes».
Indicó que también se exhorta a los gobiernos de los municipios de Baja California a colaborar con las autoridades educativas estatales en la difusión y aplicación de estas disposiciones.
El acuerdo establece medidas según el nivel educativo y restringe en educación básica el uso de celulares y dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar, con excepciones por motivos pedagógicos, emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, especificó el boletín de prensa.Detalló que para educación media superior y superior contempla medidas para fomentar el uso responsable y seguro de estas tecnologías, respetando la autonomía de las instituciones educativas.
Según el boletín de prensa, «por la importancia de estas medidas» el exhorto se aprobó por unanimidad. Además, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas solicitaron adherirse a la proposición, en respaldo a la coordinación entre autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a la implementación en Baja California.
