Congreso aprueba inhabilitar hasta cinco años a abogados que cometan fraude procesal
Tijuana, 25 de octubre.- El Congreso de Baja California aprobó una reforma al artículo 325 del Código Penal que establece la suspensión e inhabilitación para ejercer la profesión hasta por cinco años para abogados, patronos o litigantes que cometan fraude procesal, además de una pena de prisión de uno a seis años.
La modificación, derivada de iniciativas presentadas por los diputados Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez, busca proteger el patrimonio de los bajacalifornianos ante maniobras jurídicas fraudulentas que buscan despojarlos de sus bienes.
«El fraude procesal se configura cuando se simulan actos jurídicos o se alteran pruebas para engañar a la autoridad y obtener un beneficio indebido esta conducta representa una amenaza directa al principio de legalidad y al acceso legítimo a la justicia», señaló Echevarría al presentar su iniciativa.
El legislador agregó que la reforma busca fortalecer el Estado de derecho y combatir la simulación en juicios, incorporando la posibilidad de imponer suspensión e inhabilitación profesional a quienes resulten responsables de esta conducta.
Por su parte, Vázquez destacó que el derecho procesal en México ha evolucionado como una herramienta fundamental para garantizar la justicia efectiva y proteger la integridad del proceso judicial. Recordó que desde la incorporación del artículo 249 Bis al Código Penal Federal en 1993, se reconoció la gravedad de las maniobras fraudulentas como una amenaza al orden jurídico.
«En una justicia penal acusatoria y con una ciudadanía más exigente en legalidad, el combate al fraude procesal es una prioridad legislativa. Este delito afecta la equidad del proceso y la confianza pública, por lo que se requieren normas claras para sancionar con firmeza las conductas que vulneran la buena fe procesal», indicó.
Los promoventes subrayaron que el propósito de la reforma es fortalecer el cuidado y protección de la propiedad de los bajacalifornianos, ante casos en los que grupos de «profesionales del derecho» se involucran en maniobras fraudulentas para despojar a ciudadanos de sus bienes.
