Confirma SMADS movimientos en predio de confinamiento de desechos tóxicos
Tijuana, 6 de noviembre. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California (SMADS) confirmó que realiza movimientos en el predio ubicado en la Ciudad Industrial Otay, donde se encuentran confinadas miles de toneladas de material tóxico que dejó abandonadas la empresa Metales y Derivados en la década de los 90, producto del reciclaje de baterías de vehículos.
Ante las muestras de «profunda preocupación» de residentes de la zona -expresadas por el Colectivo Salud y Justicia Ambiental-, quienes reportaron «la remoción de estructuras deportivas y la instalación de postes o tubos que aparentan perforar el concreto», la dependencia informó que «las acciones recientes corresponden a mejoras superficiales de mantenimiento como pintura, nivelación y rehabilitación de canchas».
Detalló que las acciones se realizaron «bajo criterios técnicos y de bajo impacto ambiental. Estas intervenciones se ejecutan exclusivamente sobre áreas estabilizadas, sin afectar la losa de concreto ni la geomembrana de confinamiento».En un comunicado de prensa y sin dar detalles sobre el procedimiento, la dependencia encabezada por la secretaria Mónica Vega Aguirre informó que mantiene coordinación con las instancias competentes «para verificar que toda actividad en el sitio cumpla con la normatividad ambiental vigente».
La titular del Colectivo Salud y Justicia Ambiental, Magdalena Cerda Báez, informó previamente en un boletín que la organización envió oficios al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que de manera urgente e inmediata se suspendan «las obras o intervenciones en el área del confinamiento hasta verificar su seguridad», y que haya transparencia en las acciones que se realizan.
También puede interesarte: Alertan ante amenaza tóxica por perforación de confinamiento de residuos peligrosos
El boletín de la SMADS señala que «en seguimiento a las políticas de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, orientadas al cuidado ambiental y a la recuperación de espacios seguros, la titular de la SMADS, Mónica Vega Aguirre, reiteró el compromiso de la dependencia con la supervisión continua de sitios con antecedentes de contaminación y con la aplicación de medidas técnicas que salvaguarden la salud pública y el entorno».
Detalló que «actualmente, el sitio mantiene restricciones de uso y se destina a fines recreativos y deportivos, conforme al convenio firmado en 2008 entre la entonces Secretaría de Protección al Ambiente y la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO)».
Según la SMADS, en julio de 2024 se realizó un «monitoreo ambiental», cuyos resultados «confirmaron que la ingeniería de la celda ha resultado efectiva para la contención del plomo residual. Mientras que los niveles de los demás metales analizados como arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel y zinc, fueron menores o no detectables. Por lo que dichos valores no representan un riesgo para el uso actual del predio, de acuerdo con los fines establecidos».
En el boletín de prensa enviado a La Jornada Baja California, la Secretaría de Medio Ambiente señaló que «la SMADS reitera que el sitio continúa bajo supervisión y que cualquier modificación o intervención deberá contar con la autorización ambiental correspondiente».
El predio, que ocupa 11 mil 296.546 metros cuadrados en la Ciudad Industrial Nueva Tijuana de la Mesa de Otay, albergó la recicladora Metales y Derivados -filial de la empresa estadunidense New Frontier Trading Corporation- desde 1986, pero en 1992 la Profepa encontró irregularidades y para 1994 inició un proceso penal por la negativa del propietario, José Kahn, también de origen norteamericano, de resolver las anomalías como el mal manejo de hornos y de disposición de residuos peligrosos.
Kahn huyó a Estados Unidos y dejó miles de toneladas de material peligroso, como plomo, arsénico, arsénico y otros producto del reciclaje de baterías vehiculares, y el Colectivo Salud y Justicia Ambiental -entonces Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental-, junto con instancias de gobierno, promovió la remediación del sitio, que consistió en el retiro y confinamiento de material peligroso en una celda que actualmente contiene 40 mil metros cúbicos de residuos.
