Alertan ante amenaza tóxica por perforación de confinamiento de residuos peligrosos
Tijuana, 5 de noviembre. Residentes de comunidades aledañas al predio –de 11 mil 296.546 metros cuadrados– que albergó la empresa Metales y Derivados en la colonia Nueva Tijuana, en el que un estadunidense abandonó miles de toneladas de material tóxico, alertaron que se están realizando perforaciones en el área donde se construyó una celda para encapsular los contaminantes, entre los que hay plomo, arsénico, antimonio y cadmio, resultado del proceso de reciclaje de baterías para autos.
La directora del Colectivo Salud y Justicia Ambiental, A. C., Magdalena Cerda Bález, lanzó la voz de alerta y, en carácter de urgencia, instó a las autoridades estatales a detener las acciones en la celda de confinamiento y estabilización de residuos peligrosos hasta en tanto se verifique que no se está vulnerando su integridad y no representa un riesgo de salud para la población.
Sin señalar quiénes están haciendo las perforaciones, el colectivo reveló que ante esta situación se enviaron oficios al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Profepa para que se detengan los trabajos.
Esta organización —entonces denominada Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental— promovió durante más de una década la remediación del sitio abandonado por el empresario estadunidense José Kahn, propietario de Metales y Derivados, filial de la compañía norteamericana New Frontier Trading Corporation, y logró que los gobiernos de México y Estados Unidos remediaran el sitio mediante el retiro de miles de toneladas de material y la construcción de una celda de confinamiento.
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A finales de 2008 concluyó el proceso de remediación, y a casi 17 años, con los trabajos de perforación resurgió la preocupación de las comunidades aledañas ante el temor de afectaciones a la salud similares a las que se reportaron a principios de la década de los 90, cuando se detectaron altos niveles de plomo en la sangre de residentes de las zonas aledañas, particularmente de niños.
Magdalena Cerda Báez advirtió que en los términos del acuerdo de remediación se estipularon restricciones a la realización de cimentaciones o perforaciones en el área delimitada de la celda de estabilización, y «cualquier tipo de perforación, excavación o cimentación en el área confinada constituye una violación directa a las medidas de seguridad y control del sitio remediado».
Recordó que el acuerdo lo firmaron su organización, el Gobierno del Estado (entonces encabezado por el panista José Guadalupe Osuna Millán), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
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En los oficios, uno dirigido específicamente a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, la directora del Colectivo Salud y Justicia Ambiental señaló que los vecinos de la comunidad alertaron sobre las perforaciones y el retiro de canchas deportivas que se construyeron en el predio desde los años de la remediación del sitio donde se encapsularon cerca de 40 mil metros cúbicos de residuos peligrosos.
Demandó que «el Gobierno del Estado informe públicamente la naturaleza y motivo de las obras, así como los permisos o lineamientos técnicos que garantizan que no se está causando daño a la celda», además de que se convoque a una revisión técnica conjunta con participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Profepa y representantes comunitarios para evaluar el estado actual del sitio y determinar si se requieren medidas correctivas o sanciones.
También pidió que se actualice el plan de monitoreo y mantenimiento del sitio, informando a la comunidad sobre las acciones y medidas inmediatas de protección para garantizar la integridad de la celda y evitar cualquier riesgo a la salud pública.
Décadas de contaminación
Metales y Derivados se estableció en Tijuana en 1972 en el centro industrial Los Pinos y en 1986 cambió su ubicación a la calle Dos Oriente de la Ciudad Industrial Nueva Tijuana, en la Mesa de Otay, pero en 1992, luego de numerosas quejas de residentes del área, la Profepa realizó inspecciones y encontró diversas irregularidades como el mal manejo de residuos y la carencia de control en sus hornos.
Dos años después, en 1994, la dependencia federal inició un proceso penal contra el propietario estadunidense José Kahn ante su negativa de retirar las más de 23 mil toneladas de material tóxico que dejó su empresa, de las cuales 7 mil eran escoria de plomo, pero el extranjero huyó del país en lugar de enfrentar su responsabilidad.
El entonces Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental insistió en que se retirara el material contaminado, que se encontraba a la intemperie, hasta que se firmó el acuerdo entre las autoridades de los diferentes niveles en México y la EPA por parte de Estados Unidos, y entre los años 2004 y 2005 se retiraron mil 976 toneladas de residuos peligrosos y tierra contaminada para la disposición final, con recursos de los dos países.
El caso se tomó como ejemplo para el Programa Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2012, que contemplaba acciones para proteger el ambiente y la salud pública en la zona fronteriza, mediante alianzas entre gobiernos, firmado por las autoridades ambientales de los estados fronterizos de ambas naciones, incluidos los pueblos originarios del país del norte y el Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental.
