Cárcel a patrones abusivos o incumplidos, plantea Ley Antigolondrinas: Michel Sánchez
Mexicali, 22 de enero. Bajo el argumento de que las llamadas «empresas golondrina» vulneran los derechos laborales y dejan en desamparo a familias al cortar de manera abrupta sus fuentes de ingreso, la diputada Michel Sánchez Allende propuso crear la «Ley Antigolondrinas» para tipificar como delitos las malas prácticas patronales, que también incluyen la retención injustificada de sueldos y el acoso laboral, reforma que contempla sanciones de tres meses hasta seis años de prisión.
En conferencia de prensa, la legisladora de Morena especificó que se trata de modificar el Código Penal del Estado y subrayó que de los años 2023 a 2025 se identificaron 25 empresas que cerraron sus puertas en la entidad, dejando al personal que ahí laboraba sin pagar indemnizaciones, salarios, antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y utilidades.
La reforma plantea la creación del capítulo «Delitos contra el Trabajo y la Previsión Social» en el Código Penal del Estado, el cual establece sanciones penales claras contra empleadores que incumplan de manera dolosa con sus obligaciones laborales, indicó un comunicado de prensa del Congreso del Estado.
Contemplan sanciones de uno a seis años de prisión por abandono empresarial deliberado al cerrar operaciones, por cambio de domicilio o que impida acceso a los centros laborales sin cubrir salarios, prestaciones o finiquitos. Esta práctica comúnmente denunciada busca que sea sancionada penalmente, ya que actualmente no está tipificada como delito y se atiende solo desde el ámbito laboral, lo que limita la posibilidad de una sanción efectiva, argumentó Sánchez Allende.
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Por otra parte, la retención de sueldos sin sustento legal, el retraso de pago salarial por más de 20 días o incumplimiento del reparto de utilidades contempla penas de tres meses a dos años de cárcel, tanto para personas físicas como morales.
Asimismo, la propuesta plantea que el acoso laboral sea tipificado como delito, con sanciones de seis meses a tres años de prisión. En ese mismo apartado se incluyen las agresiones físicas, verbales y psicológicas, con objeto de humillar, intimidar y hostigar.
«Las y los trabajadores no pueden seguir siendo quienes paguen los platos rotos cuando una empresa desaparece de la noche a la mañana. El trabajo digno y el salario son derechos, no favores», afirmó la legisladora.
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De acuerdo con el comunicado de prensa, la iniciativa fue construida a partir de un proceso de diálogo amplio que incluyó el foro público «Bienestar y justicia para todas las personas trabajadoras», realizado en octubre de 2024, en el que se desarrollaron mesas de trabajo con la participación de ciudadanía, autoridades judiciales, organismos empresariales, despachos jurídicos, academia y organizaciones de la sociedad civil.
De forma complementaria se realizaron acercamientos con dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Poder Judicial, con el fin de fortalecer el proyecto desde una visión técnica e institucional.
«Con esta propuesta, la diputada busca enviar un mensaje claro: en Baja California no debe haber espacio para empresas golondrinas ni para prácticas que dejen en el olvido a quienes viven de su trabajo», advirtió el comunicado.
