Crisis de vivienda en BC, por décadas de abandono en política habitacional: Cantón
Tijuana, 2 de julio. El diputado local, Jaime Cantón Rocha, informó que impulsará una iniciativa para crear un padrón de propiedades destinadas al arrendamiento, con el propósito de conocer la dimensión real del mercado de renta, brindar mayor certeza jurídica y fortalecer la transparencia en beneficio de arrendadores y arrendatarios.
Durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer los avances del foro “Vivienda para todas las personas”, advirtió que la crisis de vivienda que se registra en Baja California es producto de décadas de abandono en la política habitacional, lo que ha derivado en precios sobrevaluados para casa propia y la renta como única opción para miles de familias, además de la proliferación de prácticas ilegales como invasiones, despojos y la operación del llamado “cartel inmobiliario”, en el que se presume la colusión de servidores públicos, abogados y notarios.
El legislador morenista reconoció que el gobierno no puede fijar el precio del metro cuadrado para casas habitación porque es cuestión de mercado, pero sí incentivar la redensificación de zonas urbanas que ya cuentan con servicios, cerca de hospitales, escuelas y seguridad, con desarrollos horizontales o verticales, en lugar de que las ciudades sigan creciendo hacia las periferias.
En ese sentido, afirmó que debe atenderse el problema de vivienda abandonada y en desuso, y explicó que se ha detectado que en Mexicali existen muchos terrenos baldíos que podrían aprovecharse para construir vivienda digna, como parte de la redensificación.
Recordó que su bancada presentó una iniciativa para armonizar la ley estatal con el concepto de “vivienda adecuada” establecido en la reforma constitucional, tomando como referencia los criterios de ONU-Hábitat.
Renta justa
El diputado mencionó que impulsa una Ley de Renta Justa, mediante la cual pretende, entre otros puntos, prohibir la discriminación en el alquiler de vivienda —como la exclusión de familias con niños o mascotas—, y regular la relación entre arrendadores y arrendatarios mediante la celebración de contratos, esto para protección de ambas partes, pues incluso contempla casos de personas que se niegan a desocupar una propiedad alegando prescripción.
Recordó que la reforma, que topa los incrementos anuales de alquiler al índice inflacionario, ya está vigente en el Código Civil del Estado. Además confirmó que adicionalmente introdujo una nueva iniciativa de ley de renta justa, cuyo principio central es la no discriminación, pues actualmente muchas familias con hijos o mascotas quedan excluidas de rentar por reglas que piden hasta tres avales o prohíben menores o animales.
Si bien los contratos de arrendamiento son un acuerdo entre privados, el Estado debe regular las condiciones porque de la renta depende la materialización de un derecho humano.
Al mencionar la compra de vivienda, Jaime Cantón reconoció que cada vez más personas que no cuentan con recursos deben recurrir a rentar en Baja California, particularmente jóvenes, familias nuevas y madres solteras.
En ese sentido, citó datos del sector inmobiliario: una vivienda de “entry level” —la de menor precio disponible— cuesta actualmente en Mexicali un millón 250 mil pesos, cuando hace 10 años se podía encontrar en 450 mil o 500 mil pesos o hace media década todavía en 750 mil pesos, esto mientras el salario mínimo crece a un ritmo muy inferior al de los costos de la vivienda y la renta.
El legislador por el Distrito 2 de Mexicali atribuyó el alza a que dejó de construirse vivienda de interés social para privilegiar desarrollos dirigidos a la clase media y media alta, lo que además —dijo— ha llevado a que personas con una primera vivienda adquieran una segunda como inversión para renta, encareciendo aún más el mercado, lo que excluyó a familias trabajadoras, madres solteras y jóvenes que buscan iniciar un hogar.
Invasiones y despojos
Respecto a las invasiones y despojos, Cantón Rocha recordó que su bancada presentó el año pasado una iniciativa para sancionar a todos los involucrados en la cadena de ocupación ilegal de viviendas, desde quienes invaden hasta servidores públicos que facilitan los trámites.
En la conferencia de prensa se mencionaron casos recientes, como el de una mujer adulta mayor a quien se le generó un acta de defunción falsa para quitarle su casa, y el de una joven que regresó de fin de semana y encontró su vivienda ocupada por desconocidos, así como el de un universitario desalojado porque otra persona, con documentos, reclamaba su propiedad.
“Es una cadena y cuando existe colusión de personas para llevar a cabo una conducta ilícita, es un cártel. Y no es el único caso. Son muchos los que hemos visto”, señaló.
Ante cuestionamientos de periodistas, Jaime Cantón reconoció que la justicia tarda demasiado en resolver estos casos y que las víctimas pueden pasar años fuera de su vivienda mientras los invasores permanecen dentro, por ello señaló que buscará mecanismos para agilizar la restitución de las propiedades.
Incluso destacó un criterio de la ministra Norma Piña —aunque uno pensaría que no tendría muchas coincidencias, afirmó— a favor de la restitución inmediata del bien reclamado, que podría servir como referencia.
Cártel inmobiliario
Cantón Rocha explicó que como parte del foro Vivienda para todas las personas respaldó la creación de un padrón de arrendadores, surgido como propuesta ciudadana en el propio foro, que se construirá en conjunto con el sector inmobiliario y con los inquilinos.
Mencionó que desde el año pasado se presentó una iniciativa para crear el delito de corrupción inmobiliaria en el Código Penal del Estado, esto a fin de sancionar a todas las personas involucradas en la cadena de ocupación ilegal de vivienda —incluidos servidores públicos coludidos—.
Adelantó que la intención es impulsar un parlamento abierto especializado en el tema y reconoció el trabajo de la Fiscalía del Estado y del Poder Judicial para identificar a servidores públicos que resolvían con “impresionante agilidad” casos que resultaron ser fraudes, aunque advirtió que aún falta identificar a más responsables.
Sobre el programa federal de vivienda anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual contempla 50 mil unidades para Baja California, el diputado lo calificó como un avance importante, aunque insuficiente ante la magnitud de la demanda.
Finalmente, el legislador anunció que en los próximos meses presentará más iniciativas en materia de vivienda y que busca publicar un documento con investigación académica de la UABC sobre el problema habitacional en el estado.
