Aprueba el Congreso ampliar el presupuesto del Poder Judicial de BC
Mexicali, 3 de julio. El Congreso del Estado aprobó la ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de Baja California, para el arrendamiento de edificios y locales, adquisición de mobiliario y equipamiento, y aumento salarial de 36 médicos legistas.
Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo el 2 de julio, el Legislativo votó a favor de los dictámenes 137, 138 y 139 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para dar el visto bueno a las solicitudes de ampliación y transferencia de recursos, informó el Congreso del Estado.
Con 20 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el Dictamen 137 relativo a la ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de Baja California, con el que a partir del 17 de agosto próximo se dará cumplimiento al inicio de la vigencia y aplicación a nivel estatal del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ampliando una partida presupuestal de Arrendamiento de edificios y locales.
Asimismo, se aprobó, con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el Dictamen 138 de la solicitud de Transferencia de partidas presupuestales del Presupuesto de Egresos, que tiene como objetivo ampliar las partidas para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina necesario, a fin de dar inicio de operaciones de las Salas Segunda y Cuarta Instancia que se instalarán en la ciudad de Rosarito.
En cuanto a la aprobación del Dictamen 139, se amplían las partidas presupuestales del presupuesto de egresos, cuyo objeto es dar incremento salarial a 36 médicos legistas que forman parte del Poder Judicial, «con el fin de reconocer la complejidad, responsabilidad y trascendencia social de las funciones legistas», indicó el Congreso del Estado.
Las funciones de los médicos se refieren a las prácticas de necropsias médico- legales, emisión de dictámenes periciales, elaboración de protocolos de Estambul para la investigación de posibles actos de tortura, valoración de personas presuntamente incapaces, así como intervenciones periciales sustentadas en principios científicos, médicos y jurídicos.
