Cada día desde que expiró el Título 42, EU deporta a 200 mexicanos por BC
Tijuana, 9 de junio.- Desde que finalizó el Título 42, un aproximado de 200 mexicanos son deportados a diario de Estados Unidos a Baja California, 180 a Tijuana y 20 a Mexicali, en tanto que personas de otras nacionalidades son enviadas a otros estados fronterizos, confirmó el nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado, David Pérez Tejada.
Tras la realización del Foro de Inclusión Financiera de Personas en Contexto de Movilidad para considerar diversas maneras para apoyar al desarrollo financiero de las personas en contexto de movilidad, Pérez Tejada (quien llegó la semana pasada al estado para tomar el cargo), aseguró que el retorno de migrantes «ha sido ordenado el acuerdo con Estados Unidos; ahorita no estamos recibiendo personas de otras nacionales, ellos han estado realizándolo por otras fronteras por estados como Tamaulipas y Coahuila».
El nuevo delegado del INM también recordó que por acuerdo mutuo, desde hace años Estados Unidos no ha regresado migrantes a México mediante la garita de Tecate.
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«Estamos buscando la atención en Mexicali, hace falta algunos entes de gobierno; en el caso de Tijuana está muy bien organizado, se les da la atención médica, la alimentación en lo que deciden cuál será su paradero, algunos deciden intentar cruzar a Estados Unidos de nuevo y hay quienes esperan conseguir un empleo, quedarse», explicó el delegado.
Aquellas personas en contexto de movilidad que quieren quedarse en México tienen complicaciones económicas diversas, entre ellas que muchas instituciones financieras se rehúsan a darles acceso a sus productos sin formas de identificación a las que normalmente no tienen acceso, además de los altos costos para los permisos de estancia en el país, que dependiendo del tiempo que esperen quedarse en el país, va de los 5 mil a los 25 mil pesos.
En razón de eso se realizó el Foro de Inclusión Financiera de Personas en Contexto de Movilidad por parte de la Secretaría General de Gobierno de Baja California para solicitar a las instituciones financieras las facilidades que las personas migrantes tengan un mejor acceso a servicios bancarios como cuentas de débito y ahorro.
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