BC cumple parcialmente con la orden de la SCJN, pero despenaliza el aborto
Mexicali, 29 de octubre.- Una alianza del Partido del Trabajo (PT), con los diputados de Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES), aderezado con el voto en contra de Víctor Navarro, de Morena y la inasistencia de otros dos; Gloria Arcelia Miramontes y Ramón Vázquez Valadez- provocó que el Congreso de Baja California solo cumpliera parcialmente con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar la interrupción del embarazo.
Morena no tuvo mayoría en el Congreso para cambiar la Constitución y cumplir el mandato del máximo órgano de control constitucional del país y retirar del artículo 7 de la carta magna local un párrafo que coloca por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el derecho de los “no nacidos”. Aunque formalmente Morena tiene mayoría, el diputado Víctor Navarro no votó con su grupo y sus compañeros Arcelia Miramontes y Ramón Vázquez prefirieron no asistir a la sesión.
Exposición de motivos
En la exposición de motivos, los legisladores de la Comisión de Gobernación señalan que “la decisión o no de continuar con el embarazo, se limita a un espacio personal, donde de diversos criterios sustentados en el ámbito internacional y nacional, ha quedado asentado que, el Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos, debe intervenir sólo en la promoción de la educación social… la criminalización del aborto, es la idea de que el cuerpo de las mujeres se subyace a la función obligatoria de la maternidad…”.
Durante el debate, el diputado Molina recordó que la Corte sostuvo que no es admisible
establecer que un embrión merece la misma protección jurídica que una persona, y en esa línea las entidades federativas “carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde exclusivamente a la Constitución General del país.
El debate se dio en medio de las presiones de los grupos de derecha que durante la noche del jueves vandalizaron los módulos de atención ciudadana de los legisladores que habían expresado su voto a favor, y pagaron desplegados en algunos medios de comunicación señalándolos como diputados “de la muerte”. Así que con 14 votos a favor y nueve en contra de la reforma Constitucional, ésta no se pudo concretar porque se requería que 17 de los 25 miembros del Congreso dieran su anuencia.
Reformas aprobadas
Lo que sí aprobaron fueron las reformas al Código Penal, a la Ley de Víctimas y a la Ley de Salud Pública del Estado. En un solo dictamen que fue sometido al pleno, con los distintos ajustes a las leyes, se aprobó por mayoría simple una nueva configuración del tipo penal del aborto para su despenalización, así como la obligación de dar a las víctimas de delitos sexuales servicios médicos y sentar las bases legales para la implementación de políticas públicas en materia de interrupción del embarazo dentro del Sistema Estatal de Salud. Fueron 15 los votos a favor, siete en contra y una abstención del diputado de Morena, Víctor Navarro Gutiérrez.
La modificación a los artículos 133 y 136 del Código Penal del Estado, el 30 y 33 de la Ley de Víctimas del Estado y el 26, adicionando los artículos 50 nonies, 50 decies, 50 undecies y 50 duodecies de la Ley de Salud Pública de Baja California, fueron aprobados porque para modificar leyes sólo es necesaria una mayoría simple de 50 votos más uno de los presentes en la sesión.
Así, independientemente de lo que dice la Constitución, en el Código Penal del estado se retiraron los párrafos del artículo 133 que condenaban a 5 años de prisión a las mujeres que “se procuren” un aborto y a quien hiciera el procedimiento. Ahora se establece que habrá castigo para la mujer que aborte “después de las 12 primeras semanas de embarazo”. El castigo será de tres a 6 meses de cárcel.
El aborto no se perseguirá cuando sea “por libre decisión de la mujer o persona gestante, dentro de las primeras 12 semanas del embarazo”. Los grupos Pro vida difundieron en redes sociales que los diputados pretenden legalizar la interrupción del embarazo incluso a los nueve meses, una situación fuera de todo sentido. Son los propios médicos quienes advierten que un procedimiento después de las 12 semanas es muy riesgoso para cualquier mujer.
La sesión estaba programada para este viernes a las 7 de la tarde, sin embargo, la convocatoria se modificó e inició a las 9 de la mañana y de manera virtual. Monserrat Rodríguez, del PES y Alejandrina Corral, del PAN, objetaron las prácticas parlamentarias por no permitir el debate.
Marco Antonio Blazquez, del PT, pidió al presidente de la mesa directiva una explicación por la urgencia de la convocatoria y le recriminó que la sesión se hiciera de manera virtual.
Julia Andrea González Quiroz se manifestó a favor del orden del día al tratarse de una deuda histórica con las mujeres. Recordó que la iniciativa fue presentada el 20 de septiembre y dictaminada desde el pasado martes; el documento ya se encontraba circulando por lo que negó cualquier intento de madruguete.
Monserrat Rodríguez anunció que votaría en contra porque su partido se encuentra “a favor de la vida”. En contraparte, Julia Andrea González de Morena, señaló que se trata de reivindicar los derechos de la mujer para que no sean enviadas a prisión por decidir sobre su cuerpo, considerando que los tiempos de la Santa Inquisición ya pasaron. Acusó a los grupos pro vida de manchar con sangre, lanzar tripas de animales y vandalizar los módulos de atención ciudadana.
Por su parte Marco Antonio Blázquez criticó el procedimiento parlamentario con lo que justificó su voto en contra. Dijo que quienes están en contra de la despenalización son personas de carne y hueso por lo que la sesión se debió diferir y hacerlo de manera presencial. “Tenemos que aguantar los portazos y coscorrones” expuso.
Por su parte, el inicialista Michel Sánchez dijo que se trata de un reto histórico y reivindicar una injusticia de hace 13 años. Alejandra Ang advirtió que despenalizar el aborto no incrementa su práctica pero el criminalizarlo atenta en contra de las mujeres porque tienen que recurrir a sitios clandestinos.
Evelyn Sánchez argumentó en el mismo sentido, al señalar que quienes tienen para pagar viajan a la Ciudad de México para un procedimiento seguro mientras que en Baja California se mueren las mujeres por su condición de pobreza.
Armintha Briseño, del PAN, calificó la iniciativa como parte de la cultura de la muerte y atiende a una agenda económica e ideológica. y apeló a la conciencia de los legisladores pidiéndoles que estuvieran a favor de la vida.
Daylín Ruvalcaba García, de Movimiento Ciudadano, se dijo a favor de la vida pero expresó que actualmente existen 1055 mujeres con carpetas abiertas por aborto, señaló que el 33 por ciento de los embarazos son de “pequeñitas” y son las que más escasos recursos tienen por lo que apoyó la iniciativa.
Votación del dictamen
En favor del dictamen votaron Roció Adame (Morena); Alejandra Ang (Morena), Daylín García Ruvalcaba (MC); Julio César Vazquez Castillo (PRD); César Adrián González García (PVEM): Manuel Guerrero Luna (Morena); Sergio Moctezuma Martínez (Morena), Dunnia Montserrat Murillo (PT); Liliana Michel Sánchez (Morena), Rosa Margarita García Zamarripa (independiente); Araceli Geraldo Núñez (Morena); Julia Andrea González (Morena); Evelyn Sánchez Sánchez y Juan Manuel Molina, también de Morena.
En contra Claudia Agatón (PT), Marco Antonio Blázquez (PT), Armintha Briceño (PAN), Santa Alejandrina Corral (PAN); Román Cota Muñoz (PRI); Juan Diego Echevarría (PAN); Víctor Hugo Navarro (Morena), María Monserrat Rodríguez (PES) y Miguel Peña Chávez (PES).
Votaron de forma diferenciada, Víctor Navarro, que voto en contra la reforma Constitucional pero se abstuvo en los cambios al Código Penal y diversas lees y votó a favor en lo general Ramón Cota Muñoz, con 3 reservas el paquete de leyes.
Previo a la sesión del congreso fueron vandalizados los módulos de atención de los diputados Araceli Geraldo y Julia González, en Tijuana, y el de los diputados Juan Manuel Molina, Michel Sánchez y Alejandra Ang en Mexicali.
De igual manera, al finalizar la sesión, el diputado Juan Manuel Molina informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre un artefacto explosivo en el edificio del Congreso del Estado. (Con información de Cristian Torres)
