Pide diputada que municipios supervisen centros de atención a personas mayores
Mexicali, 17 de septiembre. La protección de las personas adultas mayores constituye una obligación permanente de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, planteó la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas al proponer una reforma de ley que obligue a los ayuntamientos a visitar trimestralmente las instituciones públicas, privadas y sociales encargadas de dar atención a ese sector de la población.
Al plantear su iniciativa ante el Congreso del Estado, la legisladora morenista enfatizó que esto es de mayor relevancia cuando se trata de personas con discapacidad, abandono o dependencia funcional, que requieren atención dentro de casas hogar o cualquier establecimiento destinado a su cuidado y asistencia.
Expuso que es importante ante el proceso de envejecimiento demográfico que experimenta Baja California y mencionó que de acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Baja California contaba con aproximadamente 380 mil 132 personas de 60 años y más.
«La finalidad de esta iniciativa no consiste únicamente en incrementar el número de inspecciones, sino en establecer un verdadero modelo de supervisión preventiva, periódica, continua e institucionalizada», indicó, de acuerdo con un comunicado de prensa, que planteó el fortalecimiento del marco jurídico estatal para que los gobiernos municipales actúen dentro de su respectiva jurisdicción.
Realizar supervisiones periódicas permite detectar oportunamente irregularidades y adoptar las medidas necesarias antes de que estas puedan traducirse en afectaciones a la integridad, salud, dignidad o derechos humanos de las personas adultas mayores, argumentó la legisladora.
Entre sus propuestas plantea que las visitas tengan una periodicidad trimestral, lo que se traduce en cuatro revisiones ordinarias durante cada ejercicio anual, sin imponer una carga administrativa desproporcionada, explicó.
La iniciativa plantea reformar la fracción VII del artículo 20 de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado, para que «los Ayuntamientos puedan efectuar visitas de inspección y vigilancia de manera trimestral a las casas hogar, albergues, residencias, centros de estancia y demás centros de atención de personas adultas mayores».
Respecto a los datos de Inegi, Plantillas Miramontes advirtió que evidencian que una parte significativa de la población adulta mayor puede encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad y, por tanto, requerir servicios especializados, personal capacitado, infraestructura adecuada, atención médica, alimentación, higiene, seguridad y mecanismos efectivos de protección.
