Washington negocia nuevo T-MEC con México y Canadá… pero ahora va contra China
La tercera ronda de revisión del T-MEC comenzó esta semana en la Ciudad de México con un mensaje que va mucho más allá del comercio. Mientras el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se sientan a negociar, la verdadera conversación tiene otro protagonista: China.
Durante años Washington presentó a Pekín como su principal adversario económico. Hoy el tablero cambió. La preocupación ya no es sólo lo que China produce, sino desde dónde lo produce. Y México aparece en el centro de esa estrategia.
Estados Unidos quiere impedir que empresas chinas instalen fábricas en territorio mexicano para aprovechar los beneficios del T-MEC y entrar al mercado estadounidense con menores costos. Por eso la revisión del tratado dejó de concentrarse únicamente en aranceles o reglas de origen. Ahora incluye cadenas de suministro, inversiones estratégicas, industria automotriz, acero, semiconductores y seguridad económica.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿México seguirá siendo un puente comercial o Washington quiere convertirlo en un muro frente a China?
También hay otra lectura. Donald Trump ya encontró un nuevo frente económico. Después de años de señalar a Pekín como responsable de la pérdida de empleos industriales, ahora coloca a México bajo el reflector por el creciente déficit comercial entre ambos países y por la llegada de inversiones asiáticas al norte del país.
Para Baja California el asunto es cualquier cosa menos lejano. La industria maquiladora, el sector automotriz y miles de empleos dependen de lo que ocurra en esta negociación.
El tratado sigue llamándose T-MEC. Pero cada vez se parece menos a un acuerdo de libre comercio y más a un instrumento con el que Estados Unidos busca redibujar el mapa económico y geopolítico de América del Norte.
PIEZAS SUELTAS
Washington abre un nuevo expediente sobre México
Antes de que Marco Rubio ocupara la Secretaría de Estado, Washington ya sospechaba que Rusia utilizaba a México como plataforma de inteligencia. La diferencia es que ahora esa afirmación dejó de ser una evaluación aislada de militares o agencias y quedó incorporada al discurso oficial de seguridad de la administración Trump.
El expediente comenzó a cobrar fuerza en marzo de 2022, cuando el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte, declaró ante el Senado que Rusia mantenía en México la mayor concentración de oficiales de inteligencia fuera de su territorio. Más tarde, The New York Times reveló que la CIA entregó al gobierno mexicano una lista de presuntos agentes rusos que operaban bajo cobertura diplomática. Según el diario, Washington pidió actuar; México optó por no expulsarlos.
Hoy, Rubio retoma ese expediente en un informe del Departamento de Estado. No presenta pruebas públicas de que funcionarios mexicanos trabajen para Moscú, pero sostiene que oficiales rusos utilizan su presencia diplomática en México para obtener información sobre Estados Unidos.
El dato merece atención porque coincide con un cambio de enfoque en Washington. En la misma estrategia aparecen los cárteles designados como organizaciones terroristas, el tráfico de fentanilo, la influencia china y las operaciones de inteligencia rusa. Ya no son asuntos separados, sino piezas de un mismo tablero.
Ese es el verdadero mensaje. Para la Casa Blanca, México dejó de ser únicamente un desafío migratorio o de seguridad pública. Comienza a ser visto como un espacio donde convergen amenazas criminales, geopolíticas y de inteligencia. Ahí está, quizá, el rompecabezas más delicado de la relación bilateral.
Trump quiere ganar las elecciones… pero primero quiere cambiar las reglas
La Casa Blanca convirtió un error en el registro electoral de Nueva Jersey en un argumento político de alcance nacional. La administración de Donald Trump sostiene que una falla informática permitió inscribir a miles de personas no ciudadanas en el padrón y ahora presiona al Congreso para aprobar la SAVE America Act.
¿En qué consiste? La iniciativa obligaría a todo ciudadano que quiera registrarse para votar en elecciones federales a demostrar su ciudadanía con documentos oficiales, como un pasaporte o un acta de nacimiento certificada. Hoy, en la mayoría de los estados basta con firmar, bajo protesta de decir verdad, que se es ciudadano estadounidense.
Trump afirma que la reforma evitará cualquier posibilidad de fraude electoral. Los demócratas responden que el voto de personas no ciudadanas ya es ilegal, que los casos son extraordinarios y que la medida terminaría imponiendo obstáculos a millones de ciudadanos con derecho a votar.
Y es que la discusión, en realidad, ya no gira sólo en torno a un error informático. Es una batalla por definir quién fija las reglas de la democracia estadounidense y bajo qué condiciones se disputará el poder en las próximas elecciones.
