Washington admite lo que hace un año negaba: sin México no hay estrategia de seguridad

Durante años, el discurso dominante en Washington retrató a México como parte del problema. Este martes ocurrió algo distinto. Ante el Congreso estadunidense, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reconoció que la relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum atraviesa uno de sus momentos de mayor cooperación y llegó incluso a subrayar la importancia de respetar la soberanía mexicana.

La declaración tiene un peso político mayor del que parece. No se produjo en una conferencia diplomática ni en una reunión bilateral cuidadosamente preparada, sino en el Congreso de Estados Unidos, el escenario donde suelen concentrarse las críticas más severas contra México por migración, fentanilo y crimen organizado. Lo que Washington está admitiendo es que sus objetivos de seguridad nacional son inalcanzables sin la participación activa del gobierno mexicano. Esto es digno de enmarcarse.

Sin embargo, el reconocimiento también funciona como una factura adelantada. Cuando Estados Unidos elogia la cooperación, al mismo tiempo eleva sus expectativas. Cada decomiso, cada captura y cada operación conjunta pasan a formar parte de una evaluación permanente sobre la eficacia de esa alianza.

La paradoja es evidente. Mientras en México persiste una narrativa política centrada en denunciar injerencias externas, en Washington comienza a consolidarse otra lectura: México ya no es visto únicamente como un vecino problemático, sino como un socio indispensable. 

El cambio es significativo porque modifica la conversación bilateral. La pregunta ya no es si ambos gobiernos colaboran. La pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar juntos y quién pagará el costo político de esa cooperación cuando los resultados empiecen a tocar intereses internos en ambos lados de la frontera.

PIEZAS SUELTAS

El silencio de Washington también comunica

La reacción más llamativa de la carta de Andrés Manuel López Obrador no ha sido una respuesta, sino la ausencia de ella. Mientras en México el documento provocó debate político y mediático, en Washington prácticamente pasó inadvertido. Y eso también es un mensaje.

La carta apela al Trump que privilegiaba la relación personal con México, la cooperación económica y el entendimiento político. Pero el Washington de hoy opera bajo otra lógica: seguridad nacional, combate a los cárteles, control migratorio y presión sobre las estructuras que considera vinculadas al crimen organizado.

Por eso, más que una controversia bilateral, el texto parece haber sido leído como una pieza dirigida al consumo político interno mexicano. La clase política estadounidense está concentrada en otros temas y, hasta ahora, no ha mostrado interés en reabrir la conversación sobre el pasado. 

En diplomacia, como en política, hay ocasiones en que el silencio no significa indiferencia: significa que la agenda ya cambió y que el interlocutor dejó de ser la prioridad.

Entre fuentes anónimas y silencios oficiales

La pregunta central no es si el reportaje de Los Angeles Times es incómodo para Morena. La pregunta es si sus afirmaciones, de presentar presuntas acusaciones contra dos gobernadores mexicanos han sido confirmadas por alguna autoridad con capacidad legal para sostenerlas. Hasta este momento, la respuesta es no.

El diario estadounidense reporta que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal son objeto de investigaciones en Estados Unidos y que sus visas habrían sido revocadas, citando fuentes conocedoras de los expedientes, pero sin exhibir documentos oficiales ni pronunciamientos públicos de los departamentos de Estado, de Justicia o el de Seguridad Nacional.  

Del otro lado, ambos mandatarios estatales rechazaron categóricamente las acusaciones y los gobiernos de Sonora y Tamaulipas sostienen que no existe evidencia pública verificable que respalde los señalamientos.  

La lectura política es más interesante que la jurídica. Si Washington quisiera validar formalmente las acusaciones, dispone de instrumentos para hacerlo: acusaciones penales, sanciones financieras, expedientes judiciales o comunicados oficiales. Hasta ahora no ha ocurrido. Pero tampoco ha aparecido una autoridad estadounidense desmintiendo la información.

Ese vacío es precisamente lo que alimenta la incertidumbre. Hoy existen reportajes periodísticos sustentados en fuentes reservadas y desmentidos políticos igualmente contundentes. Lo que aún no existe es la pieza decisiva: una confirmación oficial. En una relación bilateral donde seguridad y crimen organizado dominan la agenda, la ausencia de pruebas públicas no demuestra inocencia, pero tampoco convierte una investigación periodística en un hecho acreditado. Esa es la frontera que conviene no perder de vista.