Jorge Ramos propone sanción penal inmediata a conductores alcoholizados
16 de mayo.- El diputado Jorge Ramos presentó una iniciativa que propone agravar las sanciones penales contra conductores bajo efectos de alcohol o drogas desde la primera detección, además de tipificar la conducción a velocidad excesiva como delito autónomo de peligro. Esto tiene la intención de prevenir y proteger la vida de las personas en las vialidades de Baja California.
El Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2022 señala que, aunque las muertes se redujeron ligeramente entre 2016 y 2021, la magnitud del problema sigue siendo crítica.
En 2021, México registró 14 mil 715 defunciones y más de 355 mil accidentes. En Baja California se contabilizaron 264 muertes, 13 mil 749 siniestros y 3 mil 405 personas lesionadas, con una tasa de letalidad de 1.9 por cada 100 accidentes y una tasa de accidentalidad de 7.1 por cada mil vehículos, principalmente en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Actualmente el Código Penal no sanciona penalmente la primera detección sin daño, limitándose a un apercibimiento administrativo.
La iniciativa plantea reformar el Código Penal de Baja California para que la primera detección sin daño ya tenga consecuencias penales, como multa y suspensión temporal del derecho a conducir.
Además, incorpora parámetros cuantitativos de alcohol en sangre y aire espirado conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y amplía las hipótesis de agravación con penas más severas.
Asimismo, se adiciona el artículo 255 Bis para tipificar la conducción a velocidad excesiva como delito autónomo, con sanciones que incluyen multa, suspensión del derecho a conducir y, en casos agravados, prisión.
«La seguridad vial no es solamente un problema de tránsito, es un problema de derechos humanos. Cada muerte en las vialidades de Baja California es una vulneración del derecho a la vida que el Estado tiene la obligación de prevenir con todos los instrumentos a su alcance, incluido el derecho penal», expresó el legislador del PVEM.
«No podemos seguir tolerando que la primera detección de un conductor bajo efectos de alcohol o drogas quede sin consecuencia penal. La evidencia demuestra que esa omisión cuesta vidas, y es nuestra responsabilidad cerrar esa laguna normativa para proteger a las familias de Baja California», concluyó Ramos.
