1º de mayo: anuncios históricos
La conmemoración del Día del Trabajo en México estuvo marcada por importantes anuncios para los millones de integrantes de la clase trabajadora. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer un acuerdo, publicado por la tarde en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual todos los empleados del Estado percibirán, al menos, el salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS en 2024, equivalente a 587.40 pesos diarios, alrededor de 17 mil 600 al mes. Este ingreso se actualizará por lo menos una vez al año según la inflación.
Asimismo, se puso en marcha el certificado de los derechos de los trabajadores agrícolas del sector de exportación, un mecanismo que impedirá enviar mercancías agrícolas al extranjero a las empresas que no tengan a sus empleados dados de alta en el IMSS o que no garanticen el cumplimiento de los derechos laborales. Junto a esta protección para quienes laboran en el campo en general, se avanza en el modelo integral de justicia para San Quintín, Baja California, una región que durante el periodo neoliberal se volvió símbolo de la rapacidad y el abuso: mientras multinacionales locales y foráneas hicieron fabulosas fortunas con el suelo fértil y el agua de todos los mexicanos, los jornaleros que dan valor a los productos de la tierra recibieron sueldos miserables, fueron alojados en condiciones inhumanas, se vieron sometidos a jornadas extenuantes sin seguridad ni servicios médicos apropiados, padecieron estafas y maltratos de capataces y coyotes y, en el caso de las mujeres, sufrieron violencia sexual sistemática, todo ello con la complicidad de las autoridades. Por la historia de lucha que tiene detrás, el modelo de justicia para San Quintín y los planes para replicarlo en otras zonas agroexportadoras es una conquista histórica de los trabajadores, y es preciso brindarle seguimiento a fin de que las promesas se conviertan en una realidad.
Igualmente significativa resulta la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que reglamenta la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Con la nueva legislación, desde el 1º de enero de 2027, la jornada máxima será de 46 horas, y se acortará hasta llegar a las 40 en 2030. Esta medida reforzará el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador con políticas como la inédita y ejemplar recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, el cual ha rescatado más de 150 por ciento de su capacidad de compra en los últimos ocho años, después de décadas de erosión deliberada; o la reforma de 2022 que duplicó los días mínimos de vacaciones pagadas de seis a 12, con incrementos adicionales para trabajadores con mayor antigüedad.
Está claro que los problemas no han desaparecido, e incluso que en este tiempo han surgido nuevas amenazas a la clase trabajadora, como el uso indiscriminado de la inteligencia artificial como herramienta o pretexto para recortar empleos. La inequidad también está lejos de ser resuelta. Ayer mismo, Oxfam divulgó un estudio con datos demoledores: en 2025, los mil 500 directores de empresas mejor pagados en el mundo recibieron aumentos en sus remuneraciones 20 veces superiores al avance del salario de los trabajadores. Es decir, quienes más tienen, reciben todavía más, mientras los desfavorecidos son condenados al estancamiento, una muestra de que el problema económico actual no es la pobreza –falta de recursos–, sino la brutal concentración de la riqueza en unas pocas manos. El organismo lo ilustra con una cifra escalofriante: el trabajador promedio tardaría 490 años en ganar los 8 millones 400 mil dólares que el director ejecutivo promedio percibió en 2025.
Para superar esta desigualdad, que sólo puede calificarse como fracaso civilizatorio, el conjunto de la sociedad debe abandonar de forma definitiva los dogmas neoliberales disfrazados de ciencia económica, cuyo paradigma es la teoría del goteo denunciada por la presidenta Sheinbaum, una mala broma según la cual, para acabar con la pobreza, los estados deben transferir todo el capital a los ultrarricos.
