Burchett, aliado de Trump en el Congreso, promueve medidas más agresivas contra cárteles
En Washington se empieza a barajar una jugada que, de concretarse, pondría a prueba no sólo la relación bilateral, sino el principio mismo de soberanía.
En el Congreso de Estados Unidos se impulsa una iniciativa que podría abrir un capítulo delicado en la relación con México. El republicano Tim Burchett ha promovido un proyecto para que el presidente pueda emitir “cartas de marca y represalia”, una figura constitucional del siglo XVIII que permitía autorizar a particulares a actuar en nombre del Estado contra enemigos específicos.
En términos reales, implicaría habilitar a actores privados para realizar acciones contra organizaciones criminales fuera del territorio estadounidense.
La propuesta se enmarca en una línea más dura hacia los cárteles, reforzada por la decisión del presidente Trump de clasificarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Legisladores como el senador Mike Lee han respaldado la idea de ampliar las herramientas del Ejecutivo frente a grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El hecho verificable es que la iniciativa existe y busca reactivar una figura jurídica histórica. La implicación política es más profunda: aunque el texto no menciona explícitamente a México, el contexto apunta directamente a organizaciones que operan en su territorio.
El problema central es la soberanía. Autorizar a particulares estadounidenses a actuar contra cárteles en el extranjero, incluso con aval legal, podría interpretarse como una forma de intervención indirecta. En el derecho internacional contemporáneo, el uso legítimo de la fuerza está reservado a los Estados y regulado por marcos multilaterales. Introducir actores privados en esa ecuación genera riesgos de responsabilidad, control y rendición de cuentas.
Además, cualquier operación fallida o incidente en territorio mexicano podría escalar rápidamente hacia una crisis diplomática. La cooperación bilateral en seguridad ha existido durante décadas, basada en intercambio de inteligencia, coordinación institucional y mecanismos formales. Sustituir o complementar ese esquema con acciones privadas abriría un terreno incierto.
Desde la perspectiva estadounidense, la propuesta responde a la presión interna por el tráfico de fentanilo y la violencia asociada a los cárteles. Desde la perspectiva mexicana, puede percibirse como un cuestionamiento a la capacidad del Estado para ejercer control en su propio territorio.
El desafío es claro: reforzar la cooperación sin vulnerar principios básicos de soberanía. Si la iniciativa avanza, México deberá fijar una postura firme y jurídica. No se trata sólo de seguridad; se trata de los límites del poder y de las reglas que rigen la relación entre dos países vecinos.
Tim Burchett ha construido su perfil político a partir de alinearse con la agenda de Donald Trump, en temas de seguridad fronteriza, combate a los cárteles y endurecimiento del enfoque contra el narcotráfico. Su influencia proviene del ala más conservadora del Partido Republicano, donde impulsa iniciativas que proyectan una postura más agresiva hacia México y las organizaciones criminales transnacionales.
PIEZAS SUELTAS
1. Un Congreso en silencio ante un presidente en expansión
Este martes, Donald Trump no se presenta ante el Congreso para rendir cuentas, sino para escenificar quién manda. El ritual del Estado de la Unión, concebido como un diálogo entre poderes, se ha ido transformando bajo su mandato en un monólogo del Ejecutivo frente a un Legislativo cada vez más ornamental y un Judicial tratado como estorbo. En un año ha expandido los márgenes presidenciales a fuerza de decretos, presión política y hechos consumados, mientras el Congreso —incluso cuando comparte su signo partidista— ha preferido la comodidad de la lealtad a la incomodidad de ejercer control. El resultado es un desequilibrio inquietante: no porque el presidente tenga ambición, sino porque los contrapesos parecen haber perdido voluntad. Más que un discurso sobre el estado de la nación, lo que veremos es una radiografía del estado de la separación de poderes —y la imagen, si nadie reacciona, será la de una república inclinada hacia un solo vértice.
2. ICE con caja llena en medio del cierre: la política migratoria no se detiene
Aunque el Congreso mantiene bloqueado el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, la realidad financiera es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispone de recursos suficientes para operar hasta el final del segundo mandato de Donald Trump. La paradoja es evidente: mientras demócratas y algunos republicanos condicionan nuevos fondos por el enfoque agresivo en deportaciones —incluyendo arrestos en lugares sensibles y operativos sin orden judicial—, la estructura financiera de ICE le permite mantener su ritmo operativo. La Casa Blanca ha rechazado modificar su estrategia, aun cuando el cierre parcial iniciado el 13 de febrero afecta a otras agencias como la Administración de Seguridad del Transporte y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El mensaje es claro: el pulso presupuestal no ha frenado la política migratoria; por el contrario, exhibe cómo el diseño financiero del aparato de seguridad puede blindar al Ejecutivo frente a la presión legislativa y judicial.
3. FedEx demanda reembolso tras fallo contra aranceles de Trump
La empresa de mensajería FedEx presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para exigir el reembolso de los aranceles de emergencia impuestos por el presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara la semana pasada que dichos gravámenes eran ilegales, según reportó Reuters. La acción judicial no sólo busca recuperar recursos pagados, sino que sienta un precedente relevante sobre los límites presidenciales en materia de comercio exterior: si el máximo tribunal invalidó los aranceles, las empresas tienen base jurídica para reclamar lo cobrado. El caso puede abrir la puerta a nuevas demandas corporativas y redefine el equilibrio entre decisiones presidenciales y control judicial en política comercial.
