Rompecabezas | EU, ¿aliado o juez caprichoso? Contradicciones de Trump golpean a Honduras y acechan a México

El discurso del presidente Donald Trump sobre el combate al narcotráfico se ha presentado como la piedra angular de su política hemisférica. Sin embargo, los hechos recientes: un posible indulto anunciado para el expresidente hondureño condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, y el endurecimiento militar contra Venezuela, exhiben una disonancia que ya preocupa a los gobiernos latinoamericanos que colaboran con Washington.

Para Centroamérica y México, la señal es clara: la estrategia antidrogas de Trump no es lineal ni predecible, sino selectiva. Y esa selectividad podría definir el trato hacia los países que participan en la lucha contra los cárteles.

Trump prometió “erradicar” a los cárteles del hemisferio occidental. Su gobierno ha declarado terroristas a ocho organizaciones latinoamericanas dedicadas al narcotráfico, reforzado su presencia militar en el Caribe y reiterado que la seguridad de Estados Unidos depende de aplastar las redes de drogas que operan desde México, Honduras, Colombia y Venezuela…

Pero en cuestión de horas, esa narrativa quedó en entredicho. Primero, el presidente Trump ordenó considerar el espacio aéreo sobre Venezuela como “cerrado en su totalidad”, una escalada que encuadra la lucha contra el narcotráfico como un conflicto casi bélico.

Horas antes, sin embargo, anunció en su red TruthSocial un indulto para Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años por conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos, recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y utilizar al Estado hondureño para facilitar el paso de cargamentos provenientes de Venezuela.

La contradicción fue inmediata. ¿Cómo puede una administración que presume “mano dura” liberar a un expresidente que facilitó el negocio de los cárteles? ¿Cómo justificar un cerco militar en el Caribe mientras se exime de responsabilidad a un aliado político condenado en un caso emblemático de narcotráfico transnacional?

Más aún, el domingo, Trump, a bordo de Air Force One dijo a la prensa, sin aportar pruebas, que la administración Biden «tendió una trampa» a Juan Orlando Hernández, condenado por cargos de narcótrafico. Empero, el expresidente hondureño estuvo en la mira de la DEA desde 2013, según documentos entregados por el Departamento de Justicia a los tribunales neoyorquinos en 2019, cuando el propio Trump estaba en su primer periodo presidencial.

Este giro en la narrativa Trumpista fue calificada por el senador Tim Kaine como “inconcebible”, y señaló que la decisión “desmiente por completo” el discurso antidrogas de la Casa Blanca. Para funcionarios de seguridad estadounidenses —incluidos algunos cercanos a Trump—, es difícil entender cómo uno de los casos más sólidos del Departamento de Justicia puede desactivarse por razones políticas.

Más allá del choque interno, la región observa con preocupación. Honduras celebraba elecciones en medio de tensiones preexistentes, y la irrupción de Trump —respaldando a un candidato de derecha, Nasry “Tito” Asfura, e insinuando el indulto— alteró un proceso ya frágil. Para los países que enfrentan sus propios desafíos democráticos, el mensaje es inquietante: la política antidrogas de Estados Unidos puede convertirse en herramienta de presión política, no en una estrategia coherente contra el crimen.

México, actor central en la cooperación bilateral, tampoco puede ignorar la señal. Si la administración Trump está dispuesta a exonerar a un expresidente responsable de facilitar 400 toneladas de cocaína, ¿qué implicaciones tendrá para gobiernos que enfrentan sus propios desafíos con el crimen organizado? La selectividad podría convertirse en moneda de cambio: apoyo político a cambio de indulgencias jurídicas o respaldo electoral.

En paralelo, la campaña militar de Trump se endurece. El Pentágono asegura haber realizado más de veinte ataques contra embarcaciones “asociadas al narcotráfico” desde septiembre, con más de 80 personas muertas. No obstante, la Casa Blanca no ha ofrecido pruebas claras sobre quiénes eran esos individuos. Analistas advierten que la falta de transparencia es un precedente delicado: una política antidrogas sin mecanismos de verificación puede escalar hacia acciones que involucren a ciudadanos de países aliados, incluido México.

Venezuela y Maduro, el siguiente blanco

La presión sobre Venezuela también envía un mensaje complejo. Trump acusa a Nicolás Maduro de encabezar un supuesto “Cártel de los Soles”, aun cuando especialistas latinoamericanos cuestionan su existencia como organización estructurada. La designación funciona como justificante para el cerco militar y para autorizar operaciones encubiertas que, según funcionarios estadounidenses, buscan un cambio de régimen.

Si el combate al narcotráfico se convierte en justificación para intervenciones con fines distintos, los países de la región podrían enfrentar presiones similares si la narrativa se adapta a las prioridades políticas de Washington.

El indulto a Hernández, por otra parte, descoloca incluso a quienes han impulsado la cooperación con Estados Unidos. Para muchos hondureños, el mensaje fue perturbador: su expresidente, condenado por operar con los cárteles, podría salir libre por decisión política, mientras la población enfrenta riesgos reales por la fragmentación del Estado. Las comunidades recuerdan las protestas de 2017, cuando la reelección de Hernández —respaldada tácitamente por Washington— resultó en represión militar y cientos de muertos en las calles.

Para México, que afronta una revisión del T-MEC, tensiones fronterizas y un intercambio constante de información en materia de seguridad, la lección es que la relación con Estados Unidos podría volverse más impredecible. La consistencia institucional cede ante decisiones personales del presidente, lo que abre la puerta a presiones bilaterales selectivas y a la reinterpretación de la cooperación antidrogas según la conveniencia política del momento.

Las contradicciones de Trump no son incidentales: delinean una estrategia antidrogas profundamente politizada. Entre indultar a un expresidente condenado por narcotráfico y amenazar militarmente a otros países con el argumento de la seguridad hemisférica, el mensaje para México y Centroamérica es inequívoco: la cooperación dependerá menos de principios y más de lealtades políticas.

En una región donde la estabilidad democrática es frágil, esa lógica introduce un factor de riesgo que puede redefinir la relación de Estados Unidos con sus vecinos y alterar la gobernabilidad en países que ya enfrentan violencia, pobreza y crimen organizado.