Análisis a Fondo | La reforma judicial es asunto de México; nada tiene que decir EU

Los socios de México en el T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá), a través de sus representantes diplomáticos en territorio mexicano, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, olvidaron y lo olvidan cada vez que tratan de imponer su supremacía en la región de América del Norte y en el hemisferio occidental, que cada uno de los tres países es soberano; es decir, que ejercen o poseen la autoridad suprema e independiente sobre ellos mismos, duelale a quien le duela, principalmente al  Departamento de Estado, que mangonea el ultra imperialista Anthony Blinken. No entienden los norteamericanos, incluyendo a los norteamericanos del Dominio Inglés de Canadá, y menos el embajador Ken Salazar, que el gobierno de México tiene absoluta potestad de gobernar a los mexicanos. No se mete en territorio estadounidense, y menos en territorio canadiense, ni siquiera a opinar de la política de gobierno de ambas naciones. Los mexicanos nos comportamos de acuerdo con el axioma del presidente Benito Juárez García, que dice: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

El embajador estadounidense detalló que la elección de los jueces por voto popular pone en riesgo la democracia mexicana, así como la relación comercial con Estados Unidos, y aseguró que este factor facilitaría la entrada del crimen organizado. El pasado jueves 22 de agosto del 2024, el embajador Ken Salazar, emitió un comunicado donde contradice la reforma judicial y asegura que la elección de jueces por voto popular es una amenaza histórica. “Lo digo con todo respeto, porque sí reconozco la necesidad, muy necesaria, de una reforma, pero una reforma buena”, señaló. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México criticó la Reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero del 2024; dijo que su aprobación podría poner en riesgo la relación económica entre ambas naciones.

En los últimos días han armado un revuelo mayúsculo orquestado por la oposición de derecha y encabezado por el PRIAN en contra del Presidente de la República principalmente por la Reforma Judicial que propone como centro de la reestructura la elección democrática de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como contra la corrupción que corroe de pies a cabeza a ese poder del gobierno mexicano. Es digno de mencionar, por ejemplo, la gran corrupción que hay en el ejercicio del nepotismo a todos los niveles de ese poder. Hay corrupción, incluso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en primer lugar en defensa de los grandes capitalistas. Hay expedientes, por ejemplo, de evasiones fiscales multimillonarias de empresarios que, por sus actos, resultan ser miembros de la delincuencia que el Presidente de la república llama delincuencia de cuello blanco, pero que en realidad son parte de la delincuencia organizada. Y sobran nombres de empresarios que se dedican a saquear las arcas de la Tesorería de la Federación porque no pagan miles de millones de pesos en impuestos.

Hasta la prensa y concretamente el periódico de la capital Washington se ha lanzado en contra del gobierno de México, exaltando las recientes declaraciones del embajador Salazar atacando la iniciativa al Congreso de la Unión de poner al escrutinio electoral la elección de jueces, magistrados, ministros entre otros cargos judiciales.

Pero ningún derecho ni razón tiene, por sólo mencionar a un representante de gobierno extranjero, el embajador Salazar en cuestionar la decisión del Presidente de la República Mexicana de iniciar la reforma al Poder Judicial, un poder hundido en la corrupción y al servicio de la clase privilegiada, así como al servicio de la delincuencia. Tan grave es la situación, que el Presidente de la República ha puesto en pausa la relación con las embajadas de Estados Unidos de Norteamérica y del Dominio del Canadá en reacción a la decisión de esos dos gobiernos de cuestionar e intervenir en la política del gobierno mexicano. La política injerencista sobre todo del gobierno de Washington, representado por Ken Salazar, tiene que parar, advierte el presidente López Obrador, algo que en realidad sólo es un deseo, un sueño del mandatario mexicano, ya que el gobierno de Washington, esté quien esté en la Casa Blanca, está convencido de que Estados Unidos en el dueño del hemisferio occidental y busca adueñarse del medio y del Extremo Oriente. Con todo, el Presidente de México declaró en su conferencia matutina del martes 27 de agosto, que inicia una pausa en la relación con la embajada de Estados Unidos que encabeza Ken Salazar, tras las críticas realizadas en contra de la Reforma al Poder Judicial. “Ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país (…), mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa con la embajada”, destacó el primer mandatario mexicano. Qué pasará, entonces, con la reforma judicial. Por lo pronto, Salazar debe de saber que el asunto de la reforma judicial es un asunto exclusivo de México y México no tiene por qué discutir el asunto con el representante de Biden…