No habrá carpetazo al desastre ecológico en río Sonora, asegura López Obrador

Ciudad de México, 9 de agosto. En el caso del largo proceso de remediación y atención a los daños provocados por el peor desastre ambiental derivado de la actividad minera en el río Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que es un expediente abierto y no habrá ningún carpetazo hasta que se alcance la remediación del medio ambiente y reparación del daño. 

Por eso, dijo, hay una denuncia penal en contra del Grupo México promovida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pues según los estudios elaborados, se concluye que no se alcanzaron los niveles de remediación ambiental.

El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre -filial de Grupo México- derramó, por fallas en sus instalaciones, 40 millones de desechos tóxicos -sulfato acidulado- en el río Sonora, lo que impactó la vida de 20 mil habitantes de la región, sus cosechas y su ganado, y a de acuerdo con un estudio elaborado por la Semarnat y otras instancias, a la fecha persiste la contaminación en agua, aire, flora y fauna, además de metales pesados por arriba de la norma.

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Durante la conferencia mañanera de este viernes se presentó un informe sobre los avances en el Plan de Justicia para Cananea que se emprendió hace dos años. De acuerdo con la Semarnat, a pesar de que hay una mesa de trabajo para dar seguimiento integral, “hay una estrategia del de dilación cumplimiento de remediación Grupo México pues al instalarse el comité técnico con participación de representantes de la empresa pero estos han ignorado las resoluciones sobre responsabilidad ambiental”.

La titular de la Semarnat, María Luisa Albores, dijo que aun cuando en la pasada administración autoridades ambientales avalaron el cumplimiento de las acciones de remediación y la extinción del fideicomiso para financiar subsecuentes acciones para continuar con las acciones de la recuperación de la zona, en esta administración se reabrió el seguimiento.

Se emitió un nuevo documento en el que se detallan la persistencia de importantes niveles de contaminación en suelo, aire y agua, en alcance a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La funcionaria destacó que a partir de esto se le ordenó a Grupo México la modificación de los programas de remediación del daño. Dijo que por el contrario no solo se han negado una nueva propuesta de remediación sino que emprendieron un juicio de nulidad, contra la actuación de la Semarnat.

Dos juicios pendientes

Por su parte, la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde dijo “que independientemente de los avances en el diálogo están pendientes de resolverse dos juicios. Primero que tiene que ver con el fideicomiso resolución de reparación del daño, derivado del derrame y la denuncia penal presentada por Semarnat contra el Grupo México por Semarnat.

Asimismo, en otro orden, Alcalde dijo que las gestiones de la dependencia avanzan en la primera de las cinco fases establecidas en la mesa de diálogo con Grupo México, que incluye las plantas de potabilización de agua para abastecer a 24 comunidades con una inversión de 295 millones de pesos.

Dijo que por instrucciones del presidente López Obrador, a partir de julio de 2021 se inició el Plan de Justicia para Cananea que incluye diversas facetas entre otras, incorporar a trabajadores mineros que por alguna razón no cotizaron durante sus años activos y que se les incorporó al IMSS. Esto implicó  una aportación de Grupo México de 300 millones de pesos para beneficiar a mil 409 trabajadores que estaban en esta condición y que actualmente reciben 7 mil 572 pesos; la atención a la demanda histórica de la sección 65 del sindicato minero

Además se ha negociado avanzar en la incorporación de 405 mineros en el IMSS, no solo para que cuenten con  atención médica sino que también coticen al IMSS y tengan acceso a una pensión. Se continúa un diálogo, plan para reivindicar la lucha histórica de 800 trabajadores.

La secretaria de Gobernación recordó que además hay tres juicios de 3 mil 800 trabajadores demandando el 5 por ciento de los recursos generados por el proceso de venta de acciones por Grupo México y cuya resolución sigue pendiente.