Emboscan y asesinan en Guerrero a siete integrantes de la Upoeg
Chilpancingo, Gro., 23 de julio. Siete integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) fueron asesinados en una emboscada perpetrada en las inmediaciones de la comunidad de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, en el centro del estado. En el ataque, una persona resultó herida, pero se desconoce si pertenece a dicha agrupación o es un civil.
Fuentes del gobierno estatal, encabezado por la morenista Evelyn Salgado, dieron a conocer que el atentado se cometió después de las 7 de la mañana de ayer, pero las autoridades recibieron el reporte hasta las 10:30 horas.
Desde temprano, en redes sociales se comenzaron a difundir imágenes de la masacre de miembros de la Upoeg, originarios de la comunidad de Chacalapa de los Bravos, entre los poblados de San Juan del Reparo y las Mesas.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública informó en un boletín que «personal de la Policía Estatal fue desplegado en una acción conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado al municipio de Juan R. Escudero, en respuesta a una denuncia al 911, para dar atención a la población».
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La Fiscalía General del Estado no inició ninguna carpeta de investigación y se negó a intervenir, debido a que no localizaron los cuerpos que, según trascendió, minutos antes familiares de los ahora occisos se los llevaron, en su mayoría a Chacalapa de los Bravos.
Desde 1995, los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio, ambos fallecidos, participaron en la fundación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y fueron integrantes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena.
En octubre de 2010, luego de diferencias con la nueva dirigencia de la CRAC-PC, surge la Upoeg, la cual comenzó una lucha contra el cobro excesivo de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras injusticias.
El 5 de enero de 2013 fue creado el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG, encabezados por su líder, Bruno Plácido, quien irrumpió en varias comunidades de los municipios de la Montaña y de la Costa Chica de Guerrero para enfrentar a los grupos delincuenciales que operaban en esas regiones.
Su presencia llegó hasta la zona Centro, así como a los municipios de Leonardo Bravo y Petatlán, en la Costa Grande.
En 2014, su hermano Cirino Plácido Valerio, impulsó la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), y al mismo tiempo el Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja.
Tras cuatro meses dimite titular de la SSP
El gobierno del estado informó en un comunicado que aceptó la renuncia de Gabriel Zamudio López, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), «por cuestiones de salud».
El funcionario estuvo al frente de la dependencia del 24 de marzo al 22 de julio.
En los próximos días se designará a su sucesor. Mientras, el subsecretario de Operación Policial de la SSP, Jesús Castro Gutiérrez, fue designado encargado de la dependencia.
Fuentes de seguridad dieron a conocer que Zamudio López presentó su dimisión desde el pasado sábado a la gobernadora Evelyn Salgado, pero hasta ayer se hizo pública. Aseguraron que dejó el cargo por presiones dentro de la SSP.
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Gabriel Zamudio deja el cargo en medio de la crisis de inseguridad que vive el estado y a solo cuatro meses de que tomó posesión del mismo para sustituir al también general Rolando Solano Rivera, quien renunció a raíz del asesinato del estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, perpetrado por policías estatales el 7 de marzo.
En este contexto, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena responsabilizó a los tres niveles de gobierno de los homicidios de Alberto Verales Tepetitla y María de Jesús Pasado Margarito, cometidos el 18 de julio en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja.
En un comunicado, denunció que “hombres pertenecientes a Los Ardillos dispararon a la camioneta en la que viajaban, quitándoles la vida. Responsabilizamos al alcalde Aldy Esteban Román; a la gobernadora Evelyn Salgado y al gobierno federal, por ser omisos ante la violencia y terror que genera ese grupo narcoparamilitar”.
