En el olvido, uso de cannabis medicinal en México
Con un tratamiento a base de cannabis, Arantza Ortiz Arreola, niña de 10 años, evita sufrir entre 100 y 120 convulsiones por día, es decir, una cada cinco minutos.
La madre de la pequeña, Alejandra Arreola, se ve en la necesidad de conseguir este medicamento que ha permitido revertir la epilepsia severa generalizada de su hija, a través de residentes legales o ciudadanos estadunidenses, que lo traen escondido desde San Diego, California, a Tijuana, ya que está prohibido ingresar a México este tipo tratamientos cannábicos.
En 2017 se reformaron la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para regular el uso del cannabis medicinal en México, legislación que hasta la fecha no ha servido, ya que familiares y pacientes tienen que pagar tratamientos provenientes de otros países o adquirirlos en el mercado negro, donde no hay certeza de cómo se elaboran.
Otro factor ha sido la ineficacia del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, emitido por la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) en el 2021, el cual ha obstaculizado que los pacientes siembren mariguana para realizar sus propios medicamentos.
Coartan el acceso a la salud de una niña
“Me da pena estar pidiendo un favor cuando yo ya gané un amparo; siento coraje, impotencia, desesperación con las autoridades que no resuelven y coartan el acceso a la salud de mi hija, una menor de edad”, expresó Alejandra Arreola.
En 2020, el Sexto Tribunal Colegiado del XV Circuito Judicial, con sede en Mexicali, ordenó a la Secretaría de Salud de Baja California proporcionar a Arantza Ortiz Arreola y a otros pacientes, tratamientos a base de cannabis o, en el caso de no contar con ellos, importarlos, algo que no se cumplió durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
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En la actual gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la Secretaría de Salud de Baja California, a través de su titular, José Adrián Medina Amarillas, manifestó -después de una primera cita con los solicitantes-, que no se puede recetar cannabis medicinal ya que no se encuentra en el cuadro básico; argumentó que fue desestimado por el Poder Judicial de la Federación, pero de igual forma no se ha generado un cambio de postura de la autoridad de salud bajacaliforniana, que se niega a brindar un tratamiento que les cuesta a los pacientes entre 400 y 800 dólares cada tres meses.
A estos últimos se les invitó en este 2024 a una segunda valoración médica por parte de la Secretaría de Salud de Baja California; no obstante se han mantenido al margen por distintos motivos.
“Se ha tomado la decisión de no asistir hasta en tanto la Secretaría de Salud nos garantice que tienen el conocimiento o que se cuenta con la experiencia necesaria para poder prescribir estos tratamientos y posteriormente coordinarse con la Federación y poder dar el acceso al tratamiento, como ordena la sentencia desde 2020”, detalló el representante legal de los pacientes, Emmanuel Farías Camarero.
Ni regulación ni tratamiento
La ausencia de una regulación bien definida en torno al cannabis medicinal en México continúa generando que pacientes no solo tengan que enfrentar las enfermedades, sino también a un sistema de salud que se niega a darles el tratamiento que les ha funcionado para mantenerse con vida.
Los efectos secundarios de la epilepsia, y hasta el cáncer, son tratados y mitigados con la mariguana y sus derivados, beneficios que ya son aprovechados en el campo médico de países como Canadá y Estados Unidos.
