Narcotráfico y fuerzas armadas

En el portal pelotadetrapo.org.ar (18/3/24), el periodista de investigación Carlos del Frade acusa en artículo titulado “El experimento rosarino”: “Aniquilar el narcotráfico supone terminar con 30 por ciento del sistema financiero internacional, regional y nacional”. Del Frade vive en Rosario, capital de la provincia de Santa Fe, convulsionada por los recientes crímenes del narco.

“Aniquilar el narcotráfico supone eliminar una de las principales arterias del sistema capitalista y no lo harán. Lo único que buscan es generar control social sobre los últimos eslabones de la comercialización de este negocio multinacional y paraestatal”, continúa Del Frade, en tanto destaca que la militarización es un experimento “de control social para garantizar el saqueo”.

Hasta ahí su análisis es muy similar al que se ha realizado en otros casos, como Colombia, México y los países de América Central.

Lo más interesante surge de un artículo anterior, y de sus libros, donde aporta datos concretos sobre cómo surgió el narco en Rosario, en un texto titulado “El origen del poder narco en Santa Fe” (pelotadetrapo.org.ar, 5/1/15). Del Frade dice que “el narcotráfico comenzó siendo un negocio paraestatal de la dictadura argentina”.

En efecto, la declaración de un ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino, emitida en Brasil en 2009, detalla los envíos de cocaína desde 1978 por acuerdos entre las dictaduras de Jorge Rafael Videla y el boliviano Hugo Bánzer.

Esos “negocios” fueron continuados por la narcodictadura de Luis García Meza (1980-81), “bajo la protección de la CIA y la anuencia del gobierno de Estados Unidos”, aprovechando la zona franca que había sido concedida a Bolivia en el puerto de Rosario.

Debe recordarse que el ejército argentino participó en el golpe de Estado que llevó a García Meza al poder, a través del Batallón de Inteligencia 601, y que en su breve gestión hubo 500 víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos y torturas, y más de 4 mil detenidos.

Hoy se puede asegurar que los graves problemas que padece la ciudad de Rosario (que, por cierto, viven muchas ciudades del continente), está ligado al origen del narcotráfico en el periodo del terrorismo de Estado hace ya medio siglo. Eso explica, según Del Frade, que exista tanta “impunidad acumulada” que desde hace algunos años viene estallando y afectando, principalmente, a los sectores populares.

Lo importante del caso de Rosario, y de Bolivia, es que pone en negro sobre blanco el papel de las instituciones militares y policiales en la expansión del narcotráfico y el rol que jugaron las dictaduras militares. A partir de esta experiencia, muy similar a lo que sucede en toda América Latina, pueden deducirse algunos aprendizajes que facilitan la comprensión del fenómeno.

El primero, es que el narco es producto del Estado, de sus instituciones y sobre todo de los aparatos armados. No es que sean corruptos, que evidentemente lo son, sino que razonan con la lógica capitalista de acumulación por despojo y enriquecimiento a través de la violencia. Tampoco puede decirse que los involucrados con el narco sean apenas un puñado de “manzanas podridas”, sino que las instituciones armadas, como tales, son parte del negocio.

Estamos, por tanto, ante una cuestión estructural. Del mismo modo que el escándalo Irán-Contras (el uso del narcotráfico para financiar a los grupos armados creados y organizados por Estados Unidos, como la Contra nicaragüense) no fue una aberración cometida por altos cargos del gobierno de Ronald Reagan, sino práctica habitual utilizada en todas sus intervenciones, desde Vietnam hasta Afganistán, pero también para combatir las disidencias internas, como el partido Panteras Negras.

El segundo apendizaje es que el narcotráfico es un modo estructural del capitalismo, que utiliza al Estado para su expansión. Así, puede entenderse que resulta aberrante utilizar a las mismas fuerzas que potencian el narco, que viven de él y lo protegen, para combatirlo. Sería necesario, en cada país, que se investigue cuánto ingresa un comisario policial por salario que le proporciona el Estado y cuánto ingresa por proteger al narco. La diferencia puede ser abismal.

El tercero es que el poder político se limita a combatir los eslabones inferiores del negocio, porque para las burguesías no hay Bukeles, como recuerda Del Frade. Aquí las víctimas son los jóvenes pobres, ya sea porque son reclutados como “soldaditos” del narco, y descartados en cualquier momento, o porque son extorsionados por las bandas locales narcopoliciales, asesinados o negociados como prostitutas o sicarios.

Creo que es hora de que dejemos de creer que el poder político puede hacer algo contra el crimen organizado.

El narco está en el núcleo del sistema.

El capitalismo y su Estado son el crimen organizado: por eso no se los puede combatir por separado.