Militares: prueba de fuego
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó de manera oficial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 20 de sus elementos por su probable implicación en el caso Ayotzinapa. Según se sabe, se trataría de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de Infantería, quienes se encontraban de guardia durante la “noche de Iguala”, el 26 al 27 de septiembre de 2014, pero sólo se dio a conocer la identidad del involucrado de mayor rango, el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.
Dicho mando, ascendido meses después de los hechos a general de división (el segundo puesto más alto dentro del Ejército, sólo debajo del titular de la Sedena), habría tenido conocimiento de la situación por su acceso directo a las cámaras del C4, en las que se registró lo ocurrido.
Durante años, los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos han denunciado como uno de los principales obstáculos para el esclarecimiento del caso la renuencia de las fuerzas armadas a entregar los expedientes en su poder. Apenas en junio pasado, padres y madres recprocharon que persistía el incumplimiento en la apertura total de los archivos relacionados con lo sucedido dentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, y recordaron que existe un acuerdo firmado por el gobierno federal en el que se obliga a todas sus dependencias de distintos órdenes a entregar toda la información con la que cuenten sobre el caso.
Ese mismo mes, en un acto celebrado en el Campo Militar Número 1, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a la apertura de archivos e instalaciones militares para el escrutinio por parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
En esa ocasión, el mandatario prometió “cero impunidad, aclarar los hechos y que en no mucho tiempo se tenga el relato completo de lo sucedido para honrar la memoria de quienes murieron”, al mismo tiempo que reconoció la “verdadera lealtad” del titular de la Sedena por acatar las instrucciones de colaborar plenamente con la comisión. Antes, a finales de marzo, trascendió que el año pasado el Presidente ordenó a la Secretaría de la Marina poner a disposición del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) videos donde elementos de esa corporación aparecen manipulando pruebas del caso Ayotzinapa.
Si ya se ha logrado el acceso tanto a los archivos como a los recintos castrenses para dar con la verdad de los excesos perpetrados durante el periodo de la guerra sucia, y también se consiguió que los investigadores conocieran y difundieran las pruebas de la alteración de escenas del crimen realizada en el contexto de la fallida “verdad histórica” sobre los eventos de Iguala, es indispensable que estos éxitos se completen con la cesión total de los documentos militares relativos a la desaparición de los normalistas.
Las órdenes de aprehensión contra los 20 miembros del Ejército dan cuenta de un avance significativo en los esfuerzos por el esclarecimiento y contra la impunidad, al tiempo que representan una prueba de fuego para determinar los alcances de la colaboración de las fuerzas armadas con la justicia. Es de esperarse que la respuesta consista en entregar a los señalados, sin distingo de rango, para que sean juzgados conforme a derecho, sin prejuzgar sobre su inocencia o culpabilidad y con la vista puesta en todo momento en coadyuvar a la resolución definitiva de lo que ya es reconocido como un crimen de Estado.
