Cambio climático y las estrategias para la reducción del riesgo de desastres en México
En las últimas décadas el cambio climático se ha instalado en la agenda pública de muchos países y organismos por ser uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad actualmente. Se suele considerar tal fenómeno como un problema de carácter global con consecuencias regionales, que ha impactado y modificado el entorno natural, generando así desequilibrios en los ecosistemas y recursos naturales, que implican, a su vez, alteraciones en los sistemas humanos, tanto en la esfera social como económica.
Para el caso de México, los riesgos relacionados a los efectos adversos del cambio climático son significativos, ya que el país presenta condiciones climáticas e hidrológicas, además de una ubicación geográfica, altamente vulnerables a cambios en los patrones climáticos y a una amplia variedad de fenómenos hidrometeorológicos, entre los que se destacan: tormentas invernales, heladas, frentes fríos, ciclones tropicales, sequías, ondas de calor, tormentas de polvo, inundaciones pluviales y fluviales, granizadas, nevadas, entre otros.
Desde el inicio del siglo XX se han registrado en el país más de 230 desastres detonados por amenazas naturales. De este total, el 80% tiene un origen climático, siendo, en su mayoría, eventos relacionados a tormentas e inundaciones que han generado impactos por más de 31 mil millones de dólares y representan el 82% del gasto total por daños correspondientes a desastres de este tipo.
Es importante aclarar que estos números consideran solamente los desastres que cumplan con alguno de los siguientes cuatro criterios: 1) al menos diez personas muertas, 2) al menos cien personas afectadas, 3) la declaración de estado de emergencia, y/o 4) una llama de asistencia internacional.
De acuerdo con Centro Nacional de Prevención de Desastres, los mayores montos ejercidos por daños asociados a lluvias atípicas, inundaciones extremas, huracanes, tormentas tropicales, sequías severas y deslaves, entre los años de 2000 y 2021, se concentraron en los estados que se ubican en las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México. De estos, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Oaxaca son los que concentraron los mayores gastos para atender a la reconstrucción de infraestructuras dañadas o destruidas por efectos de eventos hidrometeorológicos y climáticos.
Pese a los esfuerzos realizados en el país para la creación de estrategias alineadas con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, México sigue presentando indicadores alarmantes de vulnerabilidad y exposición ante las amenazas de origen climática, y esta situación se explica, en partes, por el hecho de que las agendas públicas sobre reducción del riesgo de desastres y acción climática se trabajan de manera aislada.
Las decisiones en materia de reducción de riesgo, bajo la responsabilidad de la Secretaria de Gobernación, son regidas por la Ley General de Protección Civil, que es un marco legislativo que no supera plenamente el enfoque reactivo y la racionalidad técnica en el manejo de los desastres, imposibilitando, así, la participación efectiva de los diferentes actores sociales y la práctica colectiva de la gobernanza del riesgo. Por otro lado, la acción climática, orientada mediante la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, no ha resuelto la necesidad de mecanismos prácticos que faciliten un acuerdo entre los diferentes agentes sociales, actores económicos y la dirección gubernamental para la adopción de medidas a largo plazo en materia de mitigación y adaptación.
La creación de estrategias efectivas para hacer frente al cambio climático e incidir en la reducción de riesgo de desastres requiere voluntad política, trabajo conjunto, visión de largo plazo y compromiso social. Uno de los principales desafíos para el país es buscar la manera de incentivar la participación de las comunidades en la transformación de estructuras y vincular los diferentes actores – sociedad civil, comunidad científica y tomadores de decisión – en el proceso de generación de políticas públicas efectivas.
