Rodríguez Lozano se asignó escoltas y gasolina para después de su gestión
Mexicali, 2 de noviembre.- Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general de Gobierno, firmó un decreto para que él, Jesús Núñez Camacho y sus familias cuenten con protección durante un año, se les asignen tres escoltas por turno, dos vehículos oficiales, les paguen la gasolina y hasta el mantenimiento de las unidades con cargo al erario para cada uno.
Lo anterior luego de que fue publicado el pasado 27 de octubre en el Periódico Oficial del Estado; es el decreto 56 en que la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, que encabeza el mismo Rodríguez Lozano, emitió un acuerdo con el fin de garantizar la seguridad de los ex funcionarios.
El decreto, publicado a cuatro días de la salida del gobierno en que participaron, otorga los beneficios a Amador Rodríguez Lozano en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal Del Sistema Penitenciario y a Jorge Núñez Camacho como comisionado estatal.
Ambos señalados de recibir moches al inicio del gobierno
Tanto Rodríguez Lozano como Jorge Núñez fueron acusados por un ex colaborador de recibir sobornos de empresarios para ser beneficiados con contratos de alimentos en el Sistema Estatal Penitenciario, en la etapa previa a ser nombrados en el cargo de la Secretaría General de Gobierno y de oficial mayor, respectivamente.
Pese a que ambos aseguraron no estar involucrados y que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Guillermo Ruiz Hernández, dio “carpetazo” al asunto, Núñez Camacho tuvo que renunciar a la Oficialía Mayor luego de su nombramiento.
Luego, aunque la acusación fue precisamente por irregularidades en el Sistema Penitenciario, el entonces gobernador, Jaime Bonilla Valdez, lo reintegró a la administración como comisionado estatal.
La secretaría de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, se comprometió ante este medio a cerrar el expediente durante su gestión.
Aumentarían beneficios y la vigencia
Los lineamientos señalan que a cada ex servidor público se le asignan tres elementos de seguridad por cada turno, dos elementos por turno para sus cónyuges e hijos, así como dos vehículos a cada uno de los funcionarios cuyos gastos de combustible y mantenimiento serán a cargo del presupuesto de egresos de la autoridad penitenciaria.
Sin embargo, estos beneficios podrían aumentar si el actual titular del Sistema Penitenciario decide incrementar el número de elementos de seguridad a cada ex funcionario o familiar así como de dotar vehículos, armamentos, radios y demás recursos materiales o financieros.
La duración del beneficio será por un año a partir de su salida del encargo pero podrá prolongarse a juicio de la autoridad penitenciaria.
Cabe destacar que el decreto fue firmado por el mismo Rodríguez Amador como titular de la Secretaría General de Gobierno.
