Lozoya perdería protección si FGR le imputa otra acusación de la UIF
Ciudad de México, 25 de julio.- La protección de que goza hasta ahora Emilio Lozoya Austin, ex director Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, concluirá en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) le impute alguna otra acusación que le haya formulado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como corrupción política o desvío de recursos, señalaron autoridades ministeriales.
La UIF acumula ya seis denuncias ante la FGR en contra del ex funcionario federal que está sujeto a dos procesos penales, uno de ellos relacionado con la recepción de un soborno de 10.5 millones de dólares que le hizo la empresa Odebrecht y también haber recibido 3 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, a fin de que impulsara la adquisición de la empresa Agronitrogenados por parte de Pemex, operación que se realizó con sobreprecio.
El acuerdo
Lozoya Austin llegó a un acuerdo con la FGR para que se le concediera el beneficio de convertirse en testigo colaborador a fin de que la información que entregue al Ministerio Público Federal sea útil para llevar a proceso penal a otros ex funcionarios o legisladores que hubieran participado en actos ilícitos, como es el caso del ex senador panista José Luis Lavalle, quien se encuentra vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por haber recibido sobornos para la aprobación de la llamada reforma energética.
Sin embargo, indicaron funcionarios ministeriales, el acuerdo al que llegó la FGR lo ampara solo para las dos primeras acusaciones, no así para los casos que resulten procedentes si la fiscalía considera que existen pruebas para imputar otros procesos, y en caso de que haya acusaciones que no merecen el beneficio de la prisión domiciliaria podría enfrentar su juicio encarcelado.
Actualmente Lozoya tiene el beneficio de la libertad por el acuerdo con la FGR, medida que está sujeta a la estimación de la fiscalía, la cual tiene pendiente que se realicen las audiencias de conclusión de la investigación complementaria.
