Tijuana se da por derrotada en litigio con el SITT; tendrá que pagar mil 400 mdp

Tijuana, 27 de octubre.– Con el argumento de que «va a perder» el litigio que sostienen desde 2023, el municipio de Tijuana acordó darse por vencido y negociar un pago de casi mil 400 millones de pesos con la empresa SITT de Tijuana SA de CV, la cual debió operar junto con el municipio un sistema de transporte integral —una especie de metrobús— que nunca funcionó y cuya infraestructura (estaciones, puentes peatonales, etc.) está abandonada y vandalizada.

El pago reclamado, que hace un par de meses ascendía a mil trescientos setenta y ocho millones ochocientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y dos pesos (1,378,836,952.03), podría tener en el erario público un impacto de alrededor de mil 600 millones de pesos si se le suman intereses y gastos del juicio, y serían pagados en mensualidades durante los próximos diez años, según un acuerdo del Cabildo.

La decisión provocó que la exalcaldesa Montserrat Caballero pidiera la intervención del Congreso del estado y denunciara que al alcalde Ismael Burgueño le ofrecieron «una compensación monetaria» por aceptar el acuerdo; «lo sé porque también me la ofrecieron a mí y lo rechacé» en su momento.

La exalcaldesa señaló que, a través de Arturo Aguirre González, quien actualmente es regidor de Morena en Tijuana y representante legal de la empresa demandante para temas laborales —es decir, en el municipio juega como juez y parte en el litigio—, recibió una oferta: «Presidenta, nosotros reordenaremos a la empresa. Hay una buena lana para ti si decides dejar de litigar». Caballero publicó en esos términos la oferta que recibió.

El proyecto SITT es uno de los temas municipales más oscuros —porque los funcionarios no quieren hablar de él en Baja California— de los últimos años. Lo «inauguró» con un par de camiones dando servicio un alcalde priista en 2016 —una inversión de 200 millones de pesos del Banco Mundial, poco más de 500 millones de Banobras y otro tanto de un préstamo que pidió el municipio—, pero lo han administrado panistas y morenistas sin conseguir que funcione, aunque ya han gastado casi 2 mil millones de pesos en él.

Diseñado para mover 150 mil pasajeros diarios en más de un centenar de camiones de transporte de pasajeros y unidades articuladas, el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) mueve hoy 164 pasajeros diarios en dos unidades convencionales. Las estaciones de la Av. Revolución, incluso, están clausuradas por un proyecto peatonal que se echó a andar durante esta administración.

El 14 de diciembre de 2023, David Quezada García, en representación de la empresa SITT de Tijuana SA de CV, demandó a su contraparte, el organismo municipal para la operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana —a la junta de gobierno y a funcionarios municipales involucrados en el caso— y abrió un «juicio de nulidad por negativa ficta» ante el Juzgado Cuarto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California (TEJA).

La empresa acusó al municipio de no cumplir los términos del contrato que tenían firmado por 30 años (2016-2046) para que Tijuana tuviera un sistema de transporte masivo. El pasado 15 de junio, la Junta de Gobierno del órgano municipal denominado SITT (la empresa privada y la paramunicipal comparten, con sus variantes, nombre) aprobó una «Evaluación de Riesgo Jurídico» donde se les dijo a los miembros que lo mejor es negociar porque van a perder el litigio, y en sesión de Cabildo del 14 de septiembre pasado, el pleno municipal aprobó esa negociación con el mismo argumento.

La evaluación de riesgo, firmada por Ivonne Lisset Oropeza Francos, coordinadora jurídica del Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (SITT), sobre el juicio 237/202 J.C. Principal y 382/2023 J.Q. Acumulado, asume que el municipio fue «omiso» porque no pudo «obligar» a los concesionarios y permisionarios que debían alimentar el sistema a llevar pasajeros a la ruta troncal y por ello nunca funcionó. Es decir, a la empresa que hoy es la persona moral demandante.

Pero además dice que «el organismo como ente gestor no ejerció sus atribuciones ante la ausencia o instalación deficiente de la tecnología, es decir, no pudo obligar a la empresa con la que firmó el contrato a colocar el sistema de recaudo, validadores, cámaras, sistemas de monitoreo o dispositivos de conteo», nada fue colocado en tiempo y forma, de lo que era responsable la empresa Soproes Baja SA de CV.

La evaluación culpa a las dos administraciones anteriores —la de Montserrat Caballero Ramírez y la del fallecido Arturo González Cruz, ambos de Morena— por su «abulia e irresponsabilidad». Pero se va sobre la predecesora de Burgueño, quien el 10 de junio de 2022 aprobó la eliminación del carril confinado por donde debían circular los camiones del SITT, porque en realidad era un carril vacío. No había camiones que circularan y se hizo necesario para desahogar el tráfico de la ciudad. Era, dijo entonces Caballero, un «proyecto fallido».

Esta decisión, según el jurídico del Sistema, «constituye un incumplimiento a las obligaciones contractuales… toda vez que la supresión del carril confinado implica una modificación sustancial de las condiciones originales pactadas… porque se obstaculiza la correcta prestación del servicio». Pero ningún camión circulaba por ese carril confinado que se inutilizó a lo largo de varias avenidas de la ciudad.

La empresa demandante acusa que el municipio no cumplió en «garantizar ni el aforo ni el resultado proyectado». En el contrato, el municipio garantizaba que, si no había pasajeros suficientes para que fuera rentable, pagaría a las empresas privadas del SITT los pasajes restantes para garantizar sus ganancias, pero el alcalde panista Juan Manuel Gastélum (2016-2019) se opuso y nunca pagó. Gastélum murió el año pasado, pero en varias ocasiones expresó su oposición a contratos que consideró «leoninos».

Lo que llama la atención de la Evaluación de Riesgo Jurídico del órgano municipal es que se responsabiliza en muchos casos de que «no se obligó» a las empresas (las demandantes) a cumplir con sus obligaciones, sobre todo reorganizar el recorrido de las rutas, cuando eran precisamente ellas —socias originales de dicha empresa— quienes tenían la responsabilidad de hacerlo.