Recuperaron en Chihuahua 700 millones de litros de agua que robaba César Duarte
Más de 700 millones de litros de agua han vuelto al arroyo El Saucito, en el municipio de Balleza, Chihuahua, como parte de la demolición de cinco presas construidas de forma ilegal y arbitraria en el rancho del ex gobernador priista César Duarte Jáquez (2010-2016), informó ayer la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En un comunicado, detalló que con esta acción miles de pobladores y productores de Chihuahua se verán beneficiados al poder disponer de nuevo del líquido.
Recientemente, la jueza décima de distrito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Chihuahua, Madhay Soto Morales, negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1183/2025, el cual promovieron supuestos ejidatarios para impedir la demolición de una presa y cinco represas dentro del rancho también llamado El Saucito.
También puede interesarte: Por amparo, Conagua falla en recuperación de agua apropiada por el ex gobernador de Chihuahua
Como resultado, la comisión pudo intervenir en el predio para destruir las infraestructuras que retienen hasta 700 mil metros cúbicos de agua en el cauce en el arroyo que conduce a las aguas superficiales al río Agujas, hasta llegar al río Conchos y en última instancia al río Bravo. El amparo 1183/2025 fue tramitado por presuntos ejidatarios vecinos del rancho El Saucito, que manifestaron pertenecer a la etnia rarámuri.
El 27 de mayo pasado, la Conagua comenzó con la demolición de las represas dentro del rancho, realizó el desfogue total del agua almacenada en dos de ellas y clausuró un pozo, acciones que se derivan de un procedimiento administrativo, pero los trabajos fueron interrumpidos por el otorgamiento de una suspensión provisional, relacionada con el amparo 1183/2025.
Esta suspensión provisional fue concedida por la misma jueza de distrito, Soto Morales, al aceptar el trámite del juicio de amparo.
Ahora, en la audiencia incidental del juicio, Madhay Soto negó la suspensión definitiva y resolvió que la Conagua sí puede realizar la demolición, aunque debe garantizar el acceso al agua a los ejidatarios de El Trigueño, que promovieron el amparo.
