Pide diputada sanciones a funcionarios públicos que retengan finiquitos de trabajadores
Mexicali, 30 de mayo. La diputada Alejandrina Corral Quintero propuso modificar el Código Penal del Estado para sancionar a los servidores públicos de las Autoridades Públicas Patronales que dejen de cubrir o pagar el finiquito laboral y que realicen conductas tendientes a no cumplir con los laudos, sentencia o convenios dictados por las autoridades laborales.
La iniciativa establece que «comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el servidor público que teniendo a su cargo la obligación del pago de las prestaciones del trabajador, no lo haga dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se dio por terminada la relación laboral; así como aquel que viole o no cumpla, en perjuicio de los trabajadores, sin causa justificada y en los plazos legales, con los laudos, sentencia o convenios firmes dictados por las autoridades laborales».
En un comunicado de prensa precisó que según la iniciativa de la legisladora panista se impondrán de seis meses a doce años de prisión y una multa de 30 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el momento de la comisión del delito.
Procedimientos tediosos
Aunque en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California y en la Ley Federal del Trabajo existen mecanismos de defensa a favor de los trabajadores para exigir a las Autoridades Públicas Patronales el pago del finiquito laboral, «también dichos procedimientos se tornan un tanto tediosos por su largo proceso de resolución», expuso Corral Quintero.
Argumentó que «con esta propuesta se buscan inhibir las malas prácticas arraigadas de las administraciones estatales y municipales que solo por evadir su responsabilidad de pago hacen uso de artimañas para no hacerlo, con lo que se vulneran los derechos laborales fundamentales de las y los trabajadores al servicio de los poderes del estado y municipios de nuestro estado de Baja California».
El pago de «todas y cada una de las prestaciones laborales a las que tienen derechos los trabajadores, constituye un derecho fundamental que les permite disfrutar de una buena calidad de vida de su familia, por lo que cualquier afectación a dicho derecho trae consigo un impacto significativo en la vida familiar del trabajador, afectando entre otras cosas su estabilidad económica, la salud emocional y las relaciones interpersonales dentro de la familia».
