Tras comicios, inmigración definirá relación bilateral México-EU
Washington, 9 de octubre. Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, suele repetir en sus actos de campaña que doblegó al gobierno de México para que desplegara 28 mil tropas en la frontera a fin de frenar el flujo migratorio y que lo obligó a aceptar el programa de “Quédate en México”.
La relación bilateral con México, según Trump, funcionó perfectamente cuando se hacía lo que él ordenaba, fuera en materia de inmigración o en la renegociación del acuerdo comercial.
Aunque Trump es uno de los políticos más mentirosos, sus asesores afirman que el expresidente cree sinceramente que los inmigrantes, incluyendo los mexicanos, “envenenan la sangre de nuestro país” –frase con origen nazi– y ahora promete realizar las deportaciones masivas y “sangrientas” de inmigrantes más grandes de la historia.
De hecho, el control de los flujos migratorios ha sido la prioridad del gobierno actual de Estados Unidos en la relación con México. La relación bilateral, aunque incluye el amplio abanico de temas comerciales, de seguridad, lucha antinarcóticos, asuntos ambientales y más, ha sido definida por el tema migratorio en gran medida por la disputa electoral del último año y como consecuencia directa de la estrategia de Trump de colocar ese asunto al centro de la contienda.
Algunos atribuyen las declaraciones y amenazas antiinmigrantes más extremas de Trump a la lógica electoral, pero otros advierten que se han elaborado algunos planes detallados para “cerrar” la frontera ante los flujos migratorios y suspender algunas de las medidas ya de por sí restrictivas para solicitar el asilo sin importar que estas violen la ley nacional e internacional. Más aún recuerdan que medidas tan extremas como arrancar de los brazos de sus padres a unos cinco mil niños fueron implementadas durante su presidencia hasta que un tribunal federal frenó la práctica y ordenó la reunificación familiar, aunque aún hay casos donde esto no se ha logrado hasta la fecha.
El arquitecto de esa medida contra las familias, el asesor Stephen Miller, quien cuando estaba en la Casa Blanca de Trump proponía que el gobierno “sacara a todos los niños (indocumentados) de las escuelas”, como reportó el New Yorker esta semana, es quien está elaborando ahora los planes del ex y posible futuro presidente para la deportación masiva de los más de 11 millones de indocumentados -la mitad mexicanos. Miller ha dicho que la meta será deportar a un millón por año, y que el operativo incluirá redadas, la construcción y/o ampliación de centros de detención y transporte para expulsarlos del país.
Algunos dudan de que se tendrán los recursos para algo tan caro y complejo –un análisis del American Immigration Council, centro no partidista, calcula que se requerirían 66 mil millones anuales para lograrlo entre las construcción de centros de detención, la contratación de miles de agentes más, y la logística de las deportaciones. Además, según el mismo análisis, un plan de deportación masiva para expulsar a los 11 millones de indocumentados y otros 2 millones que tienen autorización temporal en el país a lo largo de 10 años, llevaría a una crisis económica, dejaría en la pobreza a millones de estadounidenses y restaría casi un billón de dólares de la arcas del gobierno federal.
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Pero aún si no se implementa de manera completa, expertos señalan que la sola amenaza de las detenciones y deportación masiva de inmigrantes indocumentados es la estrategia, o sea, generar un temor masivo entre las comunidades. Para nutrir ese temor, se supone que se dará amplia discreción a las autoridades migratorias para conducir operativos.
Para Trump y sus estrategas, el tema migratorio es su mejor carta en la contienda, y están más que dispuestos a descartar las implicaciones de usarla para las relaciones bilaterales con México y con otros países latinoamericanos, ni les importan las consecuencias reales internas de su propuesta.
Organizaciones de defensa de inmigrantes advierten que las consecuencias de una renovada ofensiva contra migrantes dentro del país y contra los que vienen en camino generará enormes tensiones tanto dentro como fuera de este país, y sobre todo con México como país de origen de la mayor parte de los inmigrantes que cruzan la frontera y cada vez más como país de tránsito para quienes buscan llegar a la frontera estadunidense.
Trump, su compañero de fórmula, JD Vance, y sus aliados insisten cada día en que la falta de seguridad pública, la drogadicción, la falta de vivienda y acceso a salud, y a salarios dignos es culpa de los inmigrantes que “llegan aquí de prisiones y manicomios”, y que vienen a asesinar, drogar, violar y robar a los estadunidenses. Incluso llegan a comerse hasta a las mascotas. No sólo eso, sino que ahora, con las emergencias provocadas por los huracanes, los republicanos afirman que las agencias federales no cuentan con suficientes recursos porque el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris se los han gastado en apoyar el ingreso de “ilegales”. Más aún, acusan que se está permitiendo el ingreso de esos indocumentados para que voten por los demócratas.
Y la preocupación de esta persecución no se limita sólo a los indocumentados, sino para los cientos de miles que por ahora gozan de permisos temporales y estancias en espera de la evaluación de sus casos, o incluso para aquellos que gozan de un permiso otorgado bajo una orden ejecutiva porque llegaron con sus familias a este país cuando eran menores de edad, los llamados Dreamers. Trump ha indicado que buscará anular estas autorizaciones temporales.
Las constantes acusaciones contra inmigrantes de Trump y su equipo han generado más crímenes de odio y amenazas de muerte y otros actos de intimidación no sólo contra los inmigrantes, sino sus defensores en varias partes del país, creando nuevos conflictos previamente inexistentes a lo largo de la frontera, pero también en pueblos al interior en Ohio, Colorado y Florida.
Y eso es antes de que llegue a la Casa Blanca.
