Pendiente incluir a la población indígena de BC en la constitución
- Avance, las diputaciones indígenas en el Congreso local
- 4 de abril, fecha límite para la consulta y cambios constitucionales
- El gobierno del Estado obligado a garantizar suficientes recursos para la consulta
Tijuana, BC. Con dos sentencias judiciales en cuatro años, las acciones mandatadas en materia político electoral en beneficio de la población indígena de Baja California están pendientes, a pesar que fueron vinculados para su ejecución el Instituto Estatal Electoral, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo.
El pasado 10 de enero las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y Bienestar Social, así como la de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, acordaron que deberá haberse concluido la Consulta Indígena y el proceso legislativo pendiente, a más tardar el 4 de abril entrante.
Hasta el momento la única autoridad que ha cumplido el mandato del Poder Judicial es el instituto local electoral, pues derivado del proceso electoral 2020-2021 y la implementación de las acciones afirmativas, por primera vez en la historia del Congreso de Baja California, en esta su XXIV Legislatura, se ejercen dos diputaciones indígenas.
En cuanto al Congreso, debió realizar una consulta a los pueblos y comunidades indígenas de Baja California en noviembre de 2020, pues la sentencia establecía que se tendría que realizar a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución.
Consultar para incluir
La consulta indígena tiene como propósito final llegar a un acuerdo o al consentimiento entre la autoridad y las comunidades indígenas, pues así lo dicta el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La organización civil Agenda Ciudadana resaltó que el 29 de septiembre de 2020 el magistrado ponente Jaime Vargas Flores, del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) presentó la resolución del Incidente de Inejecución de la sentencia RI-30/2018, que tuvo un cumplimiento defectuoso.
Previamente el tribunal había vinculado al Instituto Estatal Electoral para que emitiera los lineamientos y las acciones afirmativas a favor de los pueblos indígenas, resolución que apoyó la sentencia de la Sala Superior SUP-REC-28/2019.
En consecuencia fue electa la ahora diputada indígena de origen mixteco de Oaxaca, Evelyn Sánchez Sánchez, quien detenta la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas y Bienestar Social; la otra diputada indígena, de origen Cochimi, es Dunnia Montserrat Murillo López, secretaria de esa comisión.
Y con el propósito de dar cumplimiento a la Inejecución de la Sentencia, el 31 de agosto pasado el Congreso de Baja California inició los trabajos legislativos de la reforma constitucional estatal en materia de derechos indígenas.
Se busca que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público; esto es sus derechos políticos, el derecho a la consulta indígena bajo los principios del consentimiento, libre, previo e informado; sus tierras tierras y derechos de territorio, entre muchos otros derechos sustantivos.
El pasado 13 de diciembre se aprobó el “Proyecto de Acuerdo de Consulta Previa, Libre e Informada, a Pueblos y Comunidades Indígenas, de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; y Asuntos Indígenas y Bienestar Social, respecto a la Iniciativa de Reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en materia de Derechos Indígenas, presentada en fecha 20 de septiembre de 2021. Expediente 64/2021”.
Abierta la ruta legislativa
Con esto se abrió una ruta legislativa para una reforma constitucional que tiene contra reloj los tiempos del siguiente proceso electoral que comienza a finales de este año.
Aunque en los hechos han transcurrido más de 4 años desde la primera sentencia y más de dos años de la emisión de la resolución incidental del 29 de septiembre de 2020, sigue sin ejecutarse el mandato judicial.
Agenda Ciudadana resaltó que la resolución del TEPJF vinculó a los titulares del Gobierno del Estado de Baja California y de la Secretaría de Hacienda, Marina del Pilar Ávila Olmedo y Marco Antonio Moreno Mexía, respectivamente, a que coadyuven con los recursos económicos necesarios para que se lleve a cabo el proceso de consulta indígena y legislativo de reforma constitucional indígena.
La organización civil sostiene que «más allá de los golpes de sentencia y la voluntad política que puedan manifestar algunas y algunos legisladores, la Reforma Constitucional en Baja California sigue estando pendiendo de un hilo, pues este reclamo de reconocimientos de derechos de los pueblos indígenas no sólo es resultado de la nueva cultura jurídica de las personas indígenas, sino viene acompañado de un movimiento social indígena que no se ha apagado, su luz sigue encendida y seguirá encendida porque el cambio normativo es sólo el comienzo de nuevos cambios sociojurídicos. El conservadurismo caerá y dará paso a la interculturalidad que se vive en Baja California».
Más información:
Es necesario difundir diversidad cultural de Tijuana: Evelyn Sánchez
Decenas de turistas locales y extranjeros participaron en este evento llevado a cabo en la víspera de la celebración mexicana de los Fieles Difuntos
San Quintín: realizan consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de BC
Hemos recorrido toda la Entidad con la finalidad de informar y generar la participación ustedes, dijo la diputada Dunnia Murillo
