Lucha por su vida adolescente baleado por militares en Nuevo Laredo
Nuevo Laredo, 20 de agosto. Armando H. G. tiene 16 años, es estudiante de bachillerato y la noche del sábado 17 de agosto su vida cambió para siempre: soldados del Ejército Mexicano le dispararon en un glúteo, el proyectil salió por el abdomen y le dañó sus intestinos. Hoy lucha por su vida en un hospital particular y su familia debe reunir más de 250 mil pesos para continuar con su atención médica, practicarle nuevas cirugías y sacarle del peligro en que se encuentra.
El estudiante de bachillerato resultó lesionado aproximadamente a las 20:00 horas, al quedar atrapado en medio de una persecución en el crucero de la carretera Aeropuerto y Héroe de Nacataz entre personal del Ejército Mexicano y los ocupantes de una camioneta pick up que terminó varada en las vías del ferrocarril, misma que al final dejaron abandonada.
El personal del Ejército Mexicano, en lugar de asegurar la camioneta abandonada y atender al menor de edad al que le dispararon en tres ocasiones, decidieron también huir, sin reportar a las autoridades correspondientes.
Lo anterior fue narrado por el menor Armando, una compañera de trabajo y otro joven, cuyos datos personales se reservan por razones de seguridad, que fueron testigos de dicha persecución en la que habrían participado al menos tres vehículos del Ejército Mexicano.
Horas antes de estos hechos, las fuerzas armadas habrían sostenido un enfrentamiento contra civiles armados, falleciendo en el lugar al menos cuatro personas, entre ellos, un soldado, a unos cinco kilómetros de distancia.
El menor realizaba trabajos de limpieza en un servicar junto a otros dos amigos cuando quedó en medio de la balacera. Para ponerse a salvo corrió hacia el interior de una bodega y hasta ahí lo alcanzaron las balas disparadas por los militares. Una compañera, al verlo herido, intentó ayudar a cubrir su abdomen expuesto y luego llamó a sus familiares y a los servicios de emergencia.
Alma Karina Gallardo, madre del menor, al ser enterada de los hechos, fue por su hijo, lo subió en un vehículo y lo trasladó a la Unidad de Medicina Familiar número 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizada en el fraccionamiento La Fe; ahí el personal de guardia le dijo a sus familiares que no podían atenderlo por no contar con personal médico especializado y le sugirieron llevarlo al Hospital General de Zona Número 11 del IMSS, ubicado en el centro de Nuevo Laredo.
Cuando la señora Alma Karina Gallardo ingresó a su hijo a ese hospital también se negaron a brindarle los primeros auxilios y proceder a atenderlo de sus heridas bajo la justificación de que no estaba Vigente su Cartilla de Derechohabiente como Estudiante de Bachillerato.
Alrededor de las 2:00 horas del domingo 18 de agosto, el menor Armando finalmente ingresó a un hospital particular y fue operado media hora después. La herida de arma de fuego le dañó sus intestinos, grueso y delgado, al grado de cortarle parte de ellos y permanece en el área de Cuidados Intensivos.
La cuenta de gastos de Hospitalización, (honorarios, cuarto y medicamentos) superan hoy los 250 mil pesos, y hasta el momento las autoridades federal y del estado de Tamaulipas no han aportado recursos ni tampoco han realizado un pronunciamiento oficial sobre estos hechos.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que acompaña el caso a petición de la señora Alma Karina Gallardo, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador; al gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya; y al propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, que ayuden económicamente a la familia del menor para hacerse cargo de sus gastos médicos hasta su total recuperación.
También hizo un llamado a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, para iniciar un expediente de queja con carácter de urgente y otorgue medidas cautelares a la víctima y a sus familiares.
Finalmente, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo hizo un llamado enérgico al fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, para que ordene al personal del Ministerio Público y de la Policía de Investigación que dejen de hostigar a familiares del menor lesionado al ordenar la práctica de peritajes de balística y Walker, intentando incriminarlo como agresor y no como víctima de los militares.
