Jacobo: El migrante que la burocracia mexicana no quiere salvar
Lo que deja la amargura, la zozobra de enfrentar el diario latido de la muerte, es el dolor impregnado que se ablanda cuando unas palabras alumbran el horizonte oscuro en el que se vive.
Gerbacio lo pensó así en esa mañana del pasado 4 de noviembre, en que recibió un mensaje en su teléfono: “Buenos días Gerbacio, al parecer la embajada de México en Washington es quien solicitará directamente a USCIS (Migración) que nos apoyen con acelerar la petición de Jacobo“.
Gerbacio es un joven potosino quien desde hace más de nueve meses cuida día y noche a su hermano menor Jacobo, el trabajador migrante que vive desde el 23 de diciembre de 2024 sorteando la hora de trasponer el secreto sagrado final de los días.
Por momentos, la historia de Jacobo Hernández Rubio parece escrita por una azarosa, cruel mano del destino. Un joven jornalero potosino de 24 años, migrante temporal con visa H-2A, llega legalmente a Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas del estado norteamericano de Florida.
La irregular propuesta de trabajo de esta vez, diferente a las dos anteriores en que ingresó a suelo estadunidense, lo obligan a trasladarse junto a otros compañeros de labores al estado de Georgia.
Cuando las circunstancias fortuitas suelen ser llamadas, basta sólo un instante, y un asalto infame cambia para siempre la geografía del cuerpo y el rumbo de la vida.
Lo que comenzó como un acto de violencia terminó exhibiendo otra trama más profunda: la de un sistema que deja a un ciudadano mexicano suspendido en una doble indefensión —médica y diplomática—, en medio de dos países que le han desdibujado la esperanza que alimenta los sueños de los que caminan.
La madrugada del 23 de diciembre de 2024, en Homerville, Georgia, Jacobo y tres compañeros mitigaban el frío alrededor de una fogata a las afueras de una casa recién rentada, aún sin luz.
Jornaleros son los recién llegados, luego de un largo recorrido cuya antesala fue Michigan; la Navidad estaba cerca. No hubo advertencia: un asalto, golpes y un único balazo, calibre 22 entró en un cuerpo del que no hubo salida. Entró, rebotó y destrozó todo a su paso. Ese proyectil borró los límites entre los órganos internos, abrió heridas imposibles y lo dejó en coma durante seis semanas.
Lo que desde entonces sostiene a Jacobo no es la maquinaria institucional de México en el extranjero, sino un hilo que pareciendo frágil tiene la firmeza de ser hecho de la solidaridad que salva en la unidad de la gente que se reconoce.
Con actividades que van desde rifas, obras de teatro, venta de comida, torneos deportivos, subastas y colectas improvisadas, una red social ha respondido precisamente donde el servicio exterior mexicano se ha negado a hacerlo.
El hospital, la lista de espera y los requisitos imposibles
Los médicos fueron claros: sólo un trasplante multiorgánico —intestino, hígado, músculos abdominales— puede salvarlo. Y sólo puede realizarse en el Jackson Memorial Hospital de Miami.
Pero la puerta del hospital permanece cerrada. No por razones médicas, pues Jacobo cumple las condiciones clínicas. La barrera es burocrática. Para entrar a la lista de espera el joven nacido en una comunidad indígena del estado de San Luis Potosí necesita:
Visa U, exclusiva para víctimas de crímenes violentos —que el consulado mexicano debe gestionar—; carta notariada de garantía económica, donde el Gobierno de México asuma responsabilidad preoperatoria.
Precisa además de seguro médico vigente, un domicilio comprobado a una distancia salvable en 30 o 45 minutos del hospital, y visas para sus cuidadores; nada de eso les han facilitado.
Los cónsules
El consulado de Orlando, dirigido por Juan Sabines, se negó a firmar la carta de respaldo económico. Tampoco lo hizo el cónsul de Miami, Rutilio Escandón. La alternativa ofrecida por la organización “Emprendedores de Luz Inc.” fue rechazada por el hospital. Sin la firma oficial, Jacobo sigue fuera de la lista de trasplantes.
Las voces que tocan la puerta del Estado son muchas. Alrededor del caso se han movilizado activistas, académicos, abogados y organizaciones como la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW) y la Conferencia Continental de los Derechos de los Migrantes.
Ellos, ellas, han llamado una y más veces a las puertas de oficinas gubernamentales en México y Estados Unidos: la Presidencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Suprema Corte, comisiones legislativas y consulados.
En la larga travesía del dolor y la infamia a la esperanza se han entregado cartas, se han citado artículos constitucionales, tratados internacionales y obligaciones del Servicio Exterior Mexicano.
Tres escritos se ingresaron a la Presidencia y a la SRE. Hubo folios, sellos de recibido, promesas de “dar seguimiento” y respuestas que parecen hechas con plantilla: “Los consulados ya tienen conocimiento del caso”.
La presidenta Claudia Sheinbaum, interrogada en la mañanera del 3 de noviembre, dijo: “Lo revisamos con gusto. Nos das ahora todo el nombre”; una respuesta breve para una tragedia larga.
Acompañantes necesarios
Gerbacio, hermano de Jacobo, llegó en enero de este año con visa de turista para cuidarlo. Lo sostiene la caridad de otras personas: duerme en un cuarto pagado con colectas. Su estancia vence en diciembre de este año, pero no vence la esperanza de permanecer al lado de su hermano.
La visa para su esposa, quien deberá relevarlo en el cuidado—pues él tendrá que abandonar el país por disposiciones relacionadas con las leyes de migración estadunidense—, tampoco avanza.
En lo económico los consulados han dado apoyos mínimos. Han extendido tres cheques que no rebasan los dos mil dólares cada uno: mil 700 dólares para un abogado, que terminaron en un bufete de abogadas afines al consulado, “Mil Mujeres”, cuyo único resultado fue mostrar una captura de pantalla de un paquete enviado al ICE. Nada más.
La solidaridad se da frente al vacío institucional, pues a esta parálisis la comunidad migrante ha vuelto a demostrar aquello que el discurso oficial repite: “Sólo el pueblo salva al pueblo”. La frase, en este caso, deja un sabor amargo: ¿por qué tiene que ser así cuando la Constitución mexicana obliga al Estado a proteger a sus connacionales, estén donde estén?
Activistas como Arely Pérez, de Florida, “Guerrera es tu Voz”, insisten: lo que falta no es voluntad ciudadana, sino institucionalidad; no apoyo moral ni limosnas —como llamaron los propios hermanos Hernández Rubio a los cien dólares entregados por una senadora migrante—, sino decisiones públicas capaces de abrir el camino a una cirugía y salvar una vida.
Una vida atrapada entre dos países
Ha pasado casi un año y hoy Jacobo depende de una bolsa de nutrientes que entra por su vena central. Permaneció seis meses postrado. No tiene seguro, ni carta notariada del gobierno, ni domicilio cercano al hospital.
Tampoco aparece en la lista de espera del Jackson Memorial. Pero tiene, eso sí, una comunidad entera luchando al lado suyo.
El drama de Jacobo Hernández Rubio no es sólo la historia de un joven baleado en el extranjero. Es la radiografía de cómo los vacíos entre dos sistemas —el sanitario estadunidense y el consular mexicano— pueden convertirse en una condena adicional.
Mientras tanto, su familia sigue tocando puertas, documentando todo, apelando al derecho internacional, exigiendo que se gestione una bona fide determination, la única vía para que Estados Unidos active un seguro médico que le permita ser trasplantado.
La de Jacobo es una vida suspendida no por la medicina, sino por la burocracia. Atado a una silla de ruedas requiere alimentación parenteral permanente y sin aparecer siquiera como “candidato” en la lista de trasplantes del Jackson Memorial Hospital en Miami.
Su exclusión no es la gravedad médica, sino la falta de respaldo institucional del Estado mexicano, pues el consulado no ha emitido una carta notariada en la que garantice el respaldo económico y garantía preoperatoria.
Los consulados mexicanos en Orlando y Miami, encabezados por Juan Sabines Guerrero y Rutilio Escandón Cárdenas, se han negado a firmar el documento. Tampoco han emitido el “Affidavit” financiero que exige el protocolo estadunidense para inscribirlo.
El resultado es devastador: la vida de Jacobo se mide no en pulsaciones, sino en trámites. Y la pregunta, aquí, parece acaso inevitable:
¿Cuánto vale la vida de un migrante que ha sido llamado en colectivo por el gobierno de este país de “héroe de la economía de dos países”?
