En caso Assange, el culpable es el gobierno de EU: activistas
Washington, 25 de junio. La noticia de que la larga odisea de 14 años del periodista Julian Assange estaba por concluir con su liberación a cambio de su declaración de culpabilidad bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos fue bienvenida por los defensores de derechos humanos y de periodistas, pero casi todos subrayaron que el verdadero culpable en este caso criminal no fue el fundador de Wikileaks, sino Washington y sus aliados.
Y mientras casi todos los principales medios estadounidenses reportaron la noticia y ofrecieron el contexto de la evolución de este caso, incluyendo que muchos de ellos usaron y publicaron los documentos oficiales secretos filtrados por Wikileaks, ninguno de ellos se ha atrevido hasta ahora a incluir un vínculo al sitio de Wikileaks, y menos recordaron cómo algunos lo abandonaron aun cuando criticaban su persecución por el gobierno estadunidense.
El acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos es que Assange se declara culpable de un cargo criminal grave bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos por “conspirar para ilegalmente obtener y difundir información clasificada relacionada con la defensa nacional de Estados Unidos”.
Ese delito conlleva una condena de 62 meses de prisión, pero bajo el acuerdo, sus más de 62 meses en una prisión de alta seguridad en Inglaterra será contada como parte de su pena, y por lo tanto será liberado y retornará a su país de origen, Australia.
Pero aunque el Departamento de Justicia nunca comprobó sus acusaciones en un juicio, obligar a Assange a declararse culpable de un sólo cargo, implica que el gobierno mantendrá la amenaza de usar la Ley de Espionaje contra cualquier periodista que se atreva a reportar sobre asuntos de “seguridad nacional” incluyendo crímenes de guerra y violaciones masivas de derechos humanos, y con ello criminalizando por primera vez una parte esencial de la labor periodística, coincidieron varios expertos.
Amnistía Internacional festejó la liberación de Assange de la prisión de alta seguridad Belmarsh en Inglaterra, pero la secretaria general de la organización, Agnes Callamard, subrayó: “creemos firmemente que Assange nunca debió haber sido encarcelado”.
Señaló que “el espectáculo de años de las autoridades estadounidenses empeñadas en violar la libertad de prensa y la libertad de expresión al hacer un ejemplo de Assange por revelar supuestos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos sin duda ha hecho un daño histórico”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) coincidió: “esta es una persecución que nunca debería haberse lanzado. Con su declaración de culpabilidad, Julian Assange queda convicto de practicar periodismo, y todo periodista de investigación enfrenta ahora un mayor peligro legal”, declaró Ben Wizner, director del proyecto de libertad de expresión.
Agregó que revelar secretos del gobierno para el bien del público es una función esencial del periodismo pero “hoy, por primera vez, esa actividad fue calificada… como una conspiración criminal… No se equivoquen, el trabajo vital de periodistas de seguridad nacional será más difícil hoy que ayer”.
El Comité de Protección de Periodistas también festejó la noticia de la liberación de Assange, pero la directora Jodie Ginsburg advirtió que “la persecución de Assange por Estados Unidos ha establecido un precedente legal dañino al abrir la manera para que periodistas sean enjuiciados bajo la Ley de Espionaje si reciben información clasificada”.
David Greene, de la Electronic Frontier Foundation, emitió un comunicado acusando que “Estados Unidos, por primera vez en la historia de más de 100 años de la Ley de Espionaje, obtuvo una condena bajo esa ley por actos básicos de periodismo… Esto sienta un precedente práctico peligroso”.
Estas mismas organizaciones junto con otras enviaron una carta al gobierno de Joe Biden en febrero de 2021, un mes después de llegar al poder, instando a que abandonara los esfuerzos para extraditar a Assange e insistiendo en que el caso representaba “una amenaza grave a la libertad de prensa”.
Pero aunque algunos tenían esperanza de que el nuevo gobierno buscaría poner fin al caso ante estas críticas, no fue hasta muy recientemente que hubo indicios de que se buscaba una forma de concluir esta hazaña legal.
Biden y su gente “podrían haber abandonado este caso hace tres años… todos los grupos principales de libertades civiles y derechos humanos se lo imploraron repetidamente… pero sintieron la necesidad de enfatizar de nuevo que creen que obtener y publicar documentos secretos del gobierno es un delito… El Departamento de Justicia quería condenarlo bajo la Ley de Espionaje por actos de periodismo”, escribió Trevor Trimm, director del Freedom of the Press Foundation, en The Guardian.
El caso legal estadounidense contra Assange impulsado por el gobierno de Donald Trump inició en 2017, cuando se declaró que el arresto de Assange era “una prioridad” y para ello en 2019 convenció a un gran jurado federal de aprobar una acusación con 18 cargos relacionados con la filtración y difusión de documentos oficiales estadunidenses, entre ellos los famosos archivos enviados a Wikileaks por Chelsea Manning, que incluyen datos sobre graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de guerra en Irak y Afganistán, como más de 250 mil cables diplomáticos.
Manning fue enjuiciada durante el gobierno de Barack Obama en una corte militar en 2013 y condenada a 35 años de prisión. Obama conmutó su sentencia en 2017. Y aunque el Departamento de Justicia contempló perseguir a Assange, decidió no proceder ante argumentos de que eso sería criminalizar actividades realizadas por periodistas en los grandes medios. Pero eso no le importó al gobierno de Trump.
Assange enfrentaba una condena máxima de 170 años de prisión. Durante su estancia en Belmarsh desde donde él, sus abogados, su familia y una red de defensores luchaban contra su extradición a Estados Unidos para ser enjuiciado, fue tratado como uno de los reos más peligrosos, mantenido aislado en su celda 23 horas al día
Varios de estos archivos fueron entregados por Wikileaks a algunos de los principales medios del mundo para evaluar y publicarlos. Pero por alguna razón, ninguno de esos medios estadounidenses, al recordar lo que recibieron y cómo trabajaron con Wikileaks, ofrecieron un vínculo, como es costumbre, a Wikileaks, ni recordaron porqué, más allá de criticar al gobierno estadunidense por su persecución legal de Assange, no protegieron a sus fuentes.
