El Caso Peñoles: ADN industrial de Torreón

Esta crónica se redactó a solicitud de mi hermano y colega Luis Alberto López, quien se ha empeñado en configurar una memoria distinta sobre Torreón como ciudad. Hace falta contar historias alejadas de la épica visión empresarial, esa que se enorgullece de haber vencido al desierto y que se empeña en ocultar sus fallos. 

Mil historias faltan por contar, alejadas de la épica visión empresarial que se enorgullece de haber vencido al desierto y escritas por sus voceros, para acercarnos más a la perspectiva de un ciudadano común que las padece. 

En este texto intentaré extraer uno de los pasajes más significativos por su multiplicidad de lecturas y con el cual, siendo una reportera novata, comencé a trabajar en formatos de revistas. En los diarios locales y extranjeros le llamaron El Caso Peñoles. Más allá de la nota informativa y de los testigos en las hemerotecas, se exploran, además, recuerdos personales por los cuales asumo cualquier responsabilidad.

Primer día de clases 

Era una tarde cualquiera del año 1980 cuando aún no cumplía los 6 años de edad. Matriculada en el turno vespertino y tras el primer día de clases, llegué a casa y mi mamá me despojó del jumper azul que ella misma había confeccionado. Al levantar los brazos para que me sacara el vestido, las piedras y los puños de tierra que metí en los bolsillos rodaron hacia el suelo y ella se enojó. La ropa fue directo al lavadero y yo a ducharme a jicarazo limpio.

En una escuela primaria destinada a los hijos de los obreros era común el intentar resolver los conflictos a trompadas, pedradas o que usáramos la tierra para enceguecer al rival que, al día siguiente y con buena suerte, podríamos abrazar sin problema porque no éramos más que niños. En otras ocasiones alguna piedra haría morder el polvo al enemigo, dejándolo herido y con un parche en el ojo, como me ocurrió cuando intenté defender a mi hermana Elena de unos chicos de quinto.

Ya despojada del uniforme, de la mugre y del regaño de mi madre, me coloqué debajo del dintel de la puerta para observar el paisaje en declive que me ofrecía el Callejón Primero, en la colonia Nuevo México. Caía la tarde y los colores del desierto, rojizos, comenzaron a ocultarse detrás de enormes nubes grises. 

La tierra caliente se elevaba en remolinos sobre las calles sin pavimentar. El viento estrujó los cables y, de pronto, el barrio se quedó sin luz. Después de un grito de asombro colectivo y sin los televisores y ventiladores encendidos, los niños salieron a la calle a jugar y las señoras sacaron las sillas para platicar.

Abstraída, como siempre me recuerdo, miraba la postal de la ciudad que vivía detrás de la barda perimetral de los patios del ferrocarril y, a un costado, la imagen de esos enormes cigarrillos encendidos de día y de noche; infame tortura que en tiempos nublados castigaba aún más a las familias del poniente de Torreón, abrazadas por la espalda y a lo lejos por el Cristo plateado montado en el Cerro de las noas. 

Todo el mundo se estremece cuando piensa en los campos de concentración donde Hitler hizo cenizas a los judíos, pero en el Torreón de principios del siglo pasado, la población fue literalmente fumigada con altas concentraciones de plomo, cadmio y arsénico, a través de esas chimeneas industriales. 

La conciencia natural de los animales ante los cambios climáticos era la misma aplicada por los habitantes de un barrio semiurbano, hasta los niños sabíamos que las emisiones a cielo abierto se disfrazaban entre la nubosidad, y que el humo o los vapores cargados de metales pesados tenían consecuencias físicas que iniciaban con náuseas y fuertes dolores de cabeza. 

Cuando iniciaba el malestar se escuchaban los escupitajos, aquí y allá, junto con un reproche: «Me sabe la boca a centavo«, así decíamos como referencia heredada de los padres y madres que usaron monedas de veinte centavos acuñadas en cobre a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado. Por otro lado, no hay un solo chiquillo que no se haya puesto una moneda en la boca.

Si los niños de inmediato comenzábamos a toser y a lanzar flemas, los adultos, con los ojos enrojecidos, se limitaban a ver el horrendo espectáculo, mientras intentaban quitarse el ardor que se les pegaba a la esclerótica tallándose insistentemente los párpados con las manos. 

No sólo el barrio, sino todo el sector poniente apestaba a lo que llamábamos «La Meta», refiriéndonos a los procesos productivos de la compañía Peñoles. El hedor ya estaba asimilado, pues desde que eran niños, los adultos de ese entonces se habían sofocado y ahogado, víctimas también de las emisiones de la metalúrgica, tal como sus hijos, ellos se habrían visto con mocos verdes colgando de las fosas nasales. Las fumigaciones más crueles y persistentes ocurrían durante el invierno, hasta tres veces por semana.

Ante los estudios que realizaron investigadores y universidades en la década de los ochenta, la respuesta de la cuarta fundidora metalúrgica más importante del mundo, era que inició operaciones en el año de 1901, es decir, antes de que Torreón se elevara al rango de ciudad, y que en el sector no había núcleos poblacionales. 

Sin embargo, para procesar sus principales productos, es decir, oro, plata, plomo y zinc, se requiere, aún hoy en día, de procesos como la cianuración que, sin un control adecuado, resulta venenosa para la salud pública y el medio ambiente. Sin autoridades que entonces quisieran revelar el daño que la empresa cometía, el resultado fue un desastre ecológico y una epidemia.

La lucha extraordinaria de las madres

Las madres de los menores que vivimos o llegamos a nacer con la ayuda de parteras en las colonias periféricas de Torreón, son sobrevivientes de carencias estructurales; de las omisiones institucionales y de todo tipo de abusos a costa de su salud física y emocional. 

Esposas de albañiles, cargadores, taxistas, garroteros y empleados, a ellas les tocó estirar el gasto y subemplearse para alimentar a sus familias, mientras que sus parejas buscaban insertarse a las economías que ofrecían el sistema ferroviario y la metalúrgica, al ser consideradas las mejores opciones. La otra opción era emigrar o delinquir.

Esas mujeres, hoy como abuelas, recuerdan la violencia gubernamental que se tradujo en exclusión social e inseguridad en sitios habitacionales, carentes de alumbrado, áreas verdes, espacios comunitarios recreativos, culturales o educativos, o incluso de pavimento, que entonces resultaba vital para evitar la contaminación del suelo con metales pesados. 

En cuanto a servicios públicos, esas mujeres supieron lo que era vivir sin agua, pues la acopiaban para llevarla a casa cargando pesadas tinas soportadas con garrochas colocadas en sus espaldas. No obstante, impulsaron que sus hijos estudiaran más de lo que ellas mismas pudieron, con la intención de alejarlos de lo que el sistema educativo y la sociedad esperaba: la continuidad de perfiles de obreros, lo que aún hoy garantiza el subdesarrollo de las personas en la zona.

Se podría pensar en mujeres sumisas, pero en el año 1998, ellas iniciaron una lucha social que ascendió y permitió colocar El Caso Peñoles en la agenda de medios como uno de indiscutible interés público al pedir justicia para sus hijos. Así nació Una Luz de Esperanza, A.C., presidida por la señora Eva Mendiola, quien se convirtió en una activista que aún sigue luchando. 

Otro factor que fortaleció el movimiento fue el trabajo meticuloso y solidario que realizó ese mismo año el pediatra José Manuel Velasco Gutiérrez. Al tratar a niños recién nacidos o menores de edad que vivían en la periferia, encontró una correlación entre su intoxicación con metales pesados y la proximidad con la metalúrgica. Su trabajo de denuncia coincidió con la institucionalización del tamiz metabólico neonatal en México.

Así el envenenamiento de cada bebé y niño que diagnosticó Manuel Velasco como pediatra, fue notificado a las autoridades locales en Coahuila y luego a las federales, primero a través de la Secretaría de Salud y luego ante diputados locales y federales. 

La admiración y respeto hacia su trabajo me hicieron conservar algunos de esos oficios que envió como profesional de la salud a las autoridades. Como el fechado el 3 de julio del año 2000, que entregó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión donde formuló una denuncia sobre el procurador federal de Protección de Medio Ambiente, Antonio Azuela de la Cueva, en base a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

En él consideró que Azuela atentaba contra la población al violar “las garantías sociales de los habitantes de las colonias Luis Echeverría, Primero de Mayo y aproximadamente veinte colonias más de la ciudad de Torreón, Coahuila, que fueron impactadas por la contaminación ambiental por plomo, arsénico y cadmio, ocasionados por la empresa Met-Mex Peñoles”, lo que afectó la salud de más de 10 mil 500 niños y niñas, los cuales “tienen niveles de plomo en sangre inaceptables médicamente”. 

Los casos más urgentes, sin duda fueron los de menores que vivían frente a la barda perimetral de la planta metalúrgica en la colonia Luis Echeverría, zona habitacional que fue regularizada en el año de 1976, aunque el radio de contaminación llegó a colonias populares como la Vicente Guerrero y Eduardo Guerra, y de clase media y alta como Torreón Jardín. 

El contexto previo a la denuncia fue la protección que se extendía a Peñoles. El 28 de febrero de 1999 la Profepa ordenó a la empresa que aplicara 81 acciones para reducir sus emisiones de gases y polvos con plomo, sin lesionar sus intereses, ya que no aplicó sanciones económicas ni promovió el cese de sus operaciones. 

Fue el 5 de mayo del mismo año cuando Rogelio Montemayor Seguy, como gobernador, junto a Antonio Azuela, anunció la supervisión de las emisiones de la planta, la remediación de suelos contaminados y la atención a la población afectada, obviando a jóvenes, adultos y ancianos envenenados en la zona. Así se le dio prioridad a los recién nacidos y niños, sin considerar siquiera a las mujeres embarazadas. 

Aunque no existió jamás confianza en cuanto a la toma de decisiones gubernamentales, se realizó la declaración de contingencia ambiental y la metalúrgica entró en la llamada Fase I. Otras dos fases podrían implementarse de acuerdo a los grados de contaminación registrados, cosa que no sucedió.

En cuanto a las afectaciones a la salud pública, lo que se encontró fueron niveles de plomo superiores a los 10 y hasta los 40, 70, 90 y 100 microgramos por decilitro en sangre, por lo cual se pidió como medida urgente para los niños una terapia de quelación con edetato de calcio y succimer, para desechar el metaloide por la orina y evitar su fijación en los huesos, situación que no en todos los casos se logró con éxito. Es por ello que se podría observar una reedición de la epidemia en breve al observar las secuelas del envenenamiento. 

En perspectiva, mientras las normas internacionales bajaban al máximo la presencia de plomo en sangre, de manera arbitraria, así lo denunciaron investigadores y ambientalistas, las autoridades mexicanas imponían un límite de hasta 25 microgramos por decilitro en sangre. 

Pero fue gracias al trabajo de Manuel Velasco y del doctor Gonzalo García Vargas, toxicólogo que realizó un estudio previo sobre la contaminación del suelo con plomo, que se fijó el 25 de junio de 1999 una norma oficial mexicana emergente y que se ratificó luego como la NOM-199-SSA1-2000, que estableció los 10 microgramos como el nivel máximo de plomo en sangre. Sin embargo, las autoridades se negaban a aplicarla.

Ambientalistas y defensores también denuncian el problema

El ejercicio de la memoria se construye con múltiples miradas. Un documento que nos permite observar el pasado fue La contaminación por metales pesados en Torreón, Coahuila, México editado en septiembre de 1999 por el Proyecto Fronterizo de Ambiente y Comercio del Texas Center for Policy Studies, presentado por las asociaciones En Defensa del Ambiente a través del doctor en ciencias Francisco Valdés Pérezgasga, y Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, Ciladhac, con la colaboración su similar, el doctor Víctor Cabrera Morelos.

Escrito para que todos los interesados entendieran el problema, sin que ello signifique que carezca de un sustento documental y científico, explicaron que el límite máximo permisible de plomo en la sangre de un niño según la NOM promulgada en junio de 1999 fue de 10 microgramos por decilitro, lo que era formalmente legal pero no necesariamente justo, mucho menos saludable. En el documento asentaron lo siguiente:

“…es importante resaltar que este nivel no es seguro ni es normal, ni es deseable. Las autoridades médicas reconocen que no se ha identificado un umbral a partir del cual se presenten los efectos dañinos del plomo. La Academia Americana de Pediatría recomienda como nivel deseable de plomo en la sangre de los niños la cantidad de cero. Es importante recalcar que tampoco existe un nivel de plomo en sangre que pueda ser considerado normal”.

En contexto, los científicos advirtieron que el plomo ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel, resulta altamente tóxico para los sistemas endocrino, cardiovascular, respiratorio, inmunológico, neurológico y gastrointestinal, además de poder afectar la piel y los riñones. Algunas afecciones suelen ser doblemente peligrosas, ya que la persona envenenada no reporta sintomatologías.

Al no ser biodegradable, apuntó el reporte, el metal persiste en el suelo, el aire, agua y en los hogares, por lo que se acumula en diversos sitios, logrando envenenar a generaciones de niños y adultos, a menos de que sea retirado. La población más vulnerable eran los niños en edad preescolar y los no nacidos, pues se incluía la susceptibilidad elevada del sistema nervioso del feto y del neonato a los efectos neurotóxicos del plomo. 

Sobre los pequeños, los doctores Valdés y Cabrera recordaron que “tienden a jugar en el polvo y llevarse sus manos y otros objetos a la boca. Es común que los niños de todas las condiciones sociales y todas las culturas jueguen en el piso, acaricien a sus mascotas, se chupen el pulgar, coman con las manos, etcétera, incrementando la probabilidad de ingestión de polvo”.

No obstante, en la defensa que emprendió Met-Mex Peñoles, se argumentó que se trataba del productor de plata número uno en el mundo, que proporcionaba 2 mil 200 empleos directos, que recibía y procesaba concentrados de 134 remitentes, y que generaba fuentes de trabajo para 970 proveedores de bienes y servicios. 

Además, se argumentó que el 30 por ciento de los activos de la metalúrgica eran equipos de protección ambiental, motivo por el cual se crearon las gerencias de Control Ambiental (1988) y de Relaciones con la Comunidad (1989), ejerciendo un monitoreo continuo y a tiempo real para bióxido de azufre en zona urbana de influencia (1992) así como un monitoreo continuo de chimeneas (1994). También se enfatizó la participación de la empresa en una auditoría voluntaria ante la Profepa (1994).

De vuelta al análisis que realizaron el ambientalista y el activista, se estableció que fue la doctora Lilia Albert quien realizó los primeros estudios sobre el plomo en Torreón, en b, pero sus hallazgos y las denuncias fueron invisibilizados. Luego el doctor José Víctor Calderón Salinas hizo estudios sobre el tema en 1986 que fueron apoyados a través de denuncias de académicos y organizaciones ambientalistas, sin que se lograra la atención de las autoridades. 

El texto refiere que en el año 1985, el encargado de la cuestión ambiental en Torreón fue abordado por un grupo de ciudadanos preocupados, pero el funcionario se negó a atenderlos, argumentando que el dueño de Peñoles, Alberto Baillères González, quien falleció el 2 de febrero de 2022, tenía el poder de reunirse personalmente con el Presidente de la República.

Por lo que respecta al análisis y atención médica brindada a los menores en Torreón, Valdés Pérezgasga y Cabrera Morelos consignaron que, al 31 de agosto de 1999, de 5 mil 956 personas analizadas, el 88.30 por ciento (5, 259) resultaron con niveles de plomo en sangre por encima de los 10 microgramos. De éstas 2 mil 806 tuvieron valores entre 10 y 24 microgramos; mil 837 con niveles entre 25 y 44 microgramos; 590 entre los 45 y 69 microgramos, y 26 por encima de los 70 microgramos. 83 fueron hospitalizados y 6 permanecieron internados.

“Curiosamente en estos datos, a pesar de ser casos acumulados, aparecen 2,453 personas con más de 25 µg/dL (microgramos por decilitro), siendo que el 29 de julio, este número era de 2,845 personas. Inexplicablemente desaparecieron de las estadísticas 392 personas. Varias docenas de niños han debido ser internados en diversos hospitales por tener niveles sumamente altos de plomo (más de 70 µg/dL). En algunos casos se han encontrado niños y niñas con concentraciones de plomo en sangre de 90 y hasta de más de 100 µg/dL”. 

Hacer el reporte del tema

En este texto faltará sin duda la exploración de la participación de una tercería que pidió el Congreso de Coahuila el 31 de julio del 2000, y que para el 7 de agosto se determinó fuera el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, (CDC por sus siglas en inglés), institución que llegó a Torreón y realizó recomendaciones para mitigar la contaminación ambiental adjudicada a Met-Mex Peñoles y, sobre todo, recomendaciones en cuanto a la epidemia que provocó al envenenar a la población con plomo. Algunas de estas recomendaciones fueron abandonadas con el tiempo.

Ahora me gustaría destacar sólo que en un ambiente enrarecido, donde por vez primera se unieron las mamás de las niñas y niños afectados, así como la triada de especialistas conformada por el pediatra Manuel Velasco, el toxicólogo Gonzalo García Vargas y el doctor en ciencias Francisco Valdés Pérezgasga, no resultó extraño que se intentara desacreditar o ignorar las demandas de los ciudadanos. 

Los trabajadores de medios de comunicación fuimos testigos del desarrollo del conflicto ante la contingencia y la epidemia, además del escarnio que hicieron los representantes de la empresa Met-Mex Peñoles sobre las víctimas, en particular de sus defensores. 

Fue de mayo a octubre de 1999 cuando la fundidora de concentrados de plomo operó al 50 por ciento de su capacidad, y de octubre a febrero del año 2000, al 75 por ciento. Así de 181 mil toneladas de plomo que se produjeron en 1998, con la contingencia ambiental y sanitaria, disminuyeron a 154 mil 014. Las ventas reportaron 805 mil 288 millones de pesos, cuando el año anterior inmediato sumaron 927 mil 356 millones de pesos para Peñoles, se reportó en la revista Brecha, en la edición 198, agosto del 2000.

Mientras se le pormenorizaba cada detalle del conflicto a Alberto Baillères, quien jamás llegó a Torreón para ocuparse del asunto y lo observó desde las oficinas corporativas en la Ciudad de México, Manuel Luévanos Sánchez, director de la División Metales, y Luis Rey Delgado, gerente de Vinculación, por vez primera abrían las puertas de la planta metalúrgica y ofrecían recorridos guiados a los periodistas, asegurando que cuando menos 25 minas frenaron durante medio año ante la contingencia.

Al trabajar como reportera para la revista referida, el viernes 27 de julio del año 2000 acudí junto con compañeros del mismo medio a uno de esos recorridos guiados. A pesar del reconocimiento que hizo Luévanos Sánchez sobre haber permanecido durante 75 años encerrados en un soliloquio empresarial, donde lo único importante fue la producción y la ganancia, no faltó la sorna en su discurso.

“Estábamos tan encerrados en lo nuestro, que había gente que no sabía ni qué hacíamos aquí adentro. Durante muchos años la planta estuvo lejos de las zonas habitacionales. E inclusive, ahora hay gente que no sabe dónde estamos. Hace poco invitamos a unas personas y uno de ellos dijo, ¿Por dónde me voy, dónde queda Peñoles? Era el doctor Velasco”, señaló y de inmediato soltó una carcajada.

Lo mismo ocurría con Luis Rey Delgado, quien, sin titubear, aseveró que la contingencia le costó a Peñoles 35 millones de dólares.

“Ha habido nuevos protagonismos, liderazgos, incluso intentos claros de aprovecharse políticamente de la situación. Hemos identificado a varias personas… por ejemplo está el doctor Manuel Velasco, que utilizó esto como parte de una campaña política. Yo espero que él tenga un verdadero interés por la salud”. 

“También (están) el ex diputado López Piña y su familia (habitantes de la colonia Primero de Mayo). Tenemos también grupos manipulados por carecer de información”, dijo Luis Rey que igual externó diferencias con el doctor Francisco Valdés. 

En suma, la representación de Peñoles estuvo siempre dispuesta a desacreditar a cualquier opositor por muy desigual que fuese la disputa entre los ciudadanos y la empresa. En la misma entrevista, el vocero de la planta acotó que estaban decididos a gastar lo que fuera necesario para resolver el problema, pero no para “mantener gente o para comprar casas”, aunque finalmente tuvieron que reubicar a un grupo de familias después de pagar por sus viviendas en la colonia Luis Echeverría.

Tras su exitosa incursión en la construcción de una visión sobre Peñoles como empresa socialmente responsable, Luis Rey Delgado emigró a Grupo Lala para hacer una campaña similar ante los crecientes señalamientos de acaparamiento del agua, siendo luego representante del gremio empresarial lagunero. Pero en su intento de sanear la imagen de la compañía Chemours, Luis Rey Delgado no tuvo la misma suerte. 

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Lilia Ovalle
Socióloga por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportera desde el año 1999.

Esta crónica forma parte de la serie de textos periodísticos #Memoria115 del portal Heridas Abiertas (@heridasabier) en alianza con otros medios aliados. Su lanzamiento está enmarcado en los 115 años de la fundación de Torreón, una ciudad que a lo largo de su historia ha estado envuelta por diversos tipos de violencia que van desde el despojo del territorio en su nacimiento hasta la disputa de grupos criminales durante la llamada guerra contra el narcotráfico y sus consecuencias.