550 mexicanos detenidos en Los Ángeles llevan casi una década viviendo en EU

Tijuana, 14 de agosto.- El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, presentó un análisis demográfico de 550 ciudadanos mexicanos detenidos por autoridades migratorias estadunidenses desde el inicio de los operativos el 6 de junio, revelando que el promedio de residencia entre los entrevistados alcanza los 8.6 años en territorio norteamericano.

Las estadísticas consulares, actualizadas al 6 de agosto, muestran que 95 personas, equivalentes al 17.3% del total, ya han sido deportadas, mientras que 199 individuos (36.2%) tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Los datos revelan una permanencia prolongada en el país, con 267 personas (49%) que han vivido más de 10 años en territorio estadounidense, 153 personas (28%) con residencia entre 16 y 25 años, y cinco individuos que superan los 45 años de permanencia.

El perfil laboral de los detenidos señala su concentración en sectores de servicios y mano de obra. La construcción encabeza la lista con 73 trabajadores (13.3%), seguida por el lavado de automóviles con 67 empleados (12.2%), jardinería con 51 trabajadores (9.3%), agricultura con 49 empleados (8.9%), manufactura ligera con 47 obreros (8.5%) y trabajo diario con 38 jornaleros (6.9%).

Respecto a los lugares de arresto, 205 personas (36%) fueron capturadas en espacios públicos, 37 individuos en sus centros de trabajo, y 196 personas adicionales completan las estadísticas. Los datos consulares indican que el 86% de los arrestados son hombres, frecuentemente capturados en lugares donde los empleadores tienen menor capacidad de intervención, como estacionamientos de autolavados o sitios de construcción.

Las cifras oficiales registran una disminución significativa en arrestos federales en siete condados del área metropolitana. Entre el 6 de junio y el 8 de julio se reportaron 2 mil 792 arrestos, mientras que del 8 de julio a principios de agosto la cifra descendió a mil 371 detenciones. Sin embargo, continúan operativos específicos como los registrados en tiendas Home Depot de Welshire y Van Nuys los días 6 y 7 de agosto, donde se detuvieron 16 y 7 personas respectivamente, siendo la mayoría guatemaltecos en el primer caso.

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El consulado ha implementado campañas preventivas dirigidas a connacionales, advirtiendo que infracciones previas como violaciones de tráfico, uso de documentos fraudulentos o manejo sin licencia pueden mantener a las personas en el radar migratorio, incluso después de cumplir sanciones penales. Las autoridades consulares enfatizan que una vez activado un proceso de deportación, este resulta costoso y considerablemente más difícil de detener o revertir.

Entre las medidas preventivas, el consulado recomienda acudir a abogados especialistas en migración para revisar y, de ser posible, limpiar el expediente criminal y migratorio. También sugiere iniciar procesos de regularización migratoria cuando sea factible, señalando que muchos detenidos con décadas de residencia no han aprovechado oportunidades de legalizar su estatus, incluso teniendo familiares ciudadanos.

Los servicios consulares incluyen asesorías legales externas gratuitas y confidenciales programadas del 18 al 22 de agosto de 2025, consulados móviles en diferentes ubicaciones durante agosto, y asistencia directa a detenidos. El Departamento de Protección, integrado por un cónsul, dos funcionarios del servicio exterior y ocho empleados locales, realiza visitas diarias a centros de detención para documentar condiciones de reclusión, facilitar comunicación con familiares y coordinar representación legal.

El consulado cuenta con 12 abogados migratorios bajo contrato para casos con perspectivas favorables de evitar deportación, particularmente aquellos con más de una década de residencia, sin antecedentes criminales y con hijos estadunidenses. Aunque la institución puede cubrir parte de los costos legales y de fianza, requiere apoyo familiar y comunitario debido a los elevados gastos involucrados.

González Gutiérrez concluyó que, aunque el consulado opera dentro de su mandato de protección consular y transparencia, la comunidad debe también exigir leyes justas y vecindarios seguros al gobierno estadunidense donde contribuyen con sus impuestos, reconociendo que conseguir fianza se ha vuelto más difícil y que las decisiones dependen frecuentemente del criterio de jueces de inmigración.