Ya está en el Senado la iniciativa de Sheinbaum sobre desaparecidos
A dos semanas de haberla anunciado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió ayer al Senado la iniciativa de reforma para enfrentar el problema de la desaparición de personas, tras el intenso debate registrado por el hallazgo en Jalisco de un centro de entrenamiento perteneciente a la delincuencia organizada.
La propuesta establece la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía y huellas dactilares que funcionará como el documento nacional de identificación. Para ello, la Secretaría de Gobernación llevará a cabo acciones para integrar la información biométrica mediante la transferencia de los datos de ese tipo que obren en poder de las autoridades de los tres órdenes de gobierno al Registro Nacional de Población o la asistencia de la gente a los centros que al efecto habilite la dependencia.
También se contempla la participación de la Guardia Nacional en tareas específicas de búsqueda y la reducción de penas a quienes se desistan de la comisión del delito y aporten información para la ubicación de víctimas, ya sea vivas o muertas.
De igual manera, se indica que toda autoridad y particular que tenga a su cargo datos biométricos o cualquier otro que permita identificar personas, deberá permitir a la fiscalía general y a las locales, a las instituciones de seguridad pública que integran el gabinete de seguridad y al Centro Nacional de Inteligencia, el acceso irrestricto y consulta inmediata de sus registros, bases de datos o sistemas de información, para las acciones de investigación. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral permitirá a las dependencias involucrarlas en el tema de la seguridad a consulta expedita de la información biométrica en su poder.
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La iniciativa modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población.
De entrada, precisa que en el pasado, durante la guerra sucia, la desaparición forzada era perpetrada por agentes del Estado. En la actualidad ese delito ha mutado y está vinculado con la delincuencia organizada y particulares.
Tiene como objetivo que el gobierno federal ponga toda su capacidad en el reforzamiento del aparato estatal para garantizar el respeto a la vida y la seguridad, así como potenciar el fortalecimiento de la búsqueda e identificación de personas sin localizar, y de las instituciones encargadas de ello.
La reforma prevé la creación de la Plataforma Única de Identidad, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Ficha de Búsqueda, el fortalecimiento de las fiscalías estatales y la obligación de contar con una fiscalía especializada en desapariciones.
La Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital serán las encargadas de desarrollar la Plataforma Única de Identidad, la cual facilitará la localización, pues se conectará con diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses.
Con esta herramienta se realizarán búsquedas continuas y exhaustivas, optimizando los recursos disponibles mediante la CURP.
Impulso a la identificación de cuerpos
El documento señala que uno de los principales obstáculos para ubicar a las personas ha sido la falta de identificación de los cuerpos que se encuentran bajo resguardo de instituciones públicas o privadas, por lo que se introduce la obligación de mantener actualizados los registros sistematizados con la información forense que se obtenga de los mismos, y remitir la información al Banco Nacional de Datos Forenses.
Los servicios periciales y forenses, con un cuerpo en resguardo, tendrán que practicar pruebas dactilares y genéticas para su identificación, antes de enviarlo a la fosa común, así como registrar los resultados en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo no mayor a tres días.
En la exposición de motivos, se afirma que la desaparición forzada se ha convertido desde hace años en un problema que afecta al mundo entero y constituye una violación grave a los derechos humanos, tanto de las personas ilocalizables como de sus familiares y la sociedad en general.
