Semarnat da luz verde a BC para construir desaladora en Rosarito

Tijuana, 14 de enero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio luz verde al gobierno de Baja California para que se proceda a la construcción de la Planta Desaladora Rosarito -la más grande de América Latina, que abastecerá la demanda de agua potable a ese municipio y a Tijuana-, un viejo proyecto que con distintas características se viene manejando desde la última administración panista, encabezada por Francisco Vega de Lamadrid.

Aunque no entró en mayores detalles sobre el proyecto, según la primera Gaceta Ambiental de la Semarnat de este año, el resolutivo se emitió el 17 de diciembre a favor de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Se contempla un periodo de construcción de tres años y vigencia del proyecto de tres décadas, con capacidad de desalar -mediante tecnología de ósmosis inversa- 4.4 metros cúbicos de agua de mar por segundo, o 100 mil galones por día.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la planta en su conferencia de este miércoles, dijo que «se retrasó un poco la licitación pero ahí ya está el proyecto ejecutivo, está atendido el tema ambiental». En mayo de 2025, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la construcción de la planta, que tendrá una inversión conjunta entre federación y estado de 12 mil millones de pesos.

La desaladora, uno de los proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, se construirá en etapas entre estado y Federación: la Conagua edificará la planta y Baja California se hará cargo de la construcción de la infraestructura para la conducción y distribución del agua, que «es motivo de un proyecto asociado cuya autorización ambiental será tramitada en proceso independiente», según la MIA.

Proyecto viejo, obra nueva

De acuerdo con el plan de Avila Olmeda, quien retomó el proyecto de gobiernos anteriores -incluso utilizó la misma Manifestación de Impacto Ambiental realizada por Cisco de Ensenada SA de CV en el tiempo de Francisco Vega-, la intención es «dejar atrás el desabasto» de agua y «promover la soberanía hídrica de la región». Se planean cuatro etapas sucesivas, cada una con producción de 1.1 metros cúbicos por segundo para llegar a los 4.4 metros cúbicos proyectados.

La administración actual también adquirió el terreno de 200 mil metros cuadrados, que originalmente compró el consorcio NSC Agua SA, por 596 millones 144 mil pesos, con lo que terminó un juicio iniciado por la empresa ante la cancelación del proyecto por parte del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien calificaba el contrato de «leonino» porque comprometía recursos del estado durante 37 años. El Congreso del Estado había aprobado que se embargara el impuesto sobre nómina como «fuente alterna de pago» y/o cualquier ingreso para cumplir el compromiso con los inversionistas.

La empresa Aguas de Rosarito -última razón social con la que se identificaron los propietarios del proyecto- se constituyó apenas cinco días antes de que el gobierno de Vega de Lamadrid fallara a favor del consorcio para entregarle la concesión de la construcción y operación de la planta,por la que recibiría un pago mensual de 149 millones 312 mil 18 pesos durante 37 años, y al término la planta pasaría a manos del estado.

Incluso, el 23 de marzo de 2018 el entonces gobernador conocido como «Kiko» Vega colocó la primera piedra de la planta en el predio y durante el evento el director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (NAD-BANK), Alex Hinojosa, confirmó que esa institución fungió como asesora financiera para el proyecto.

La solicitud de autorización del gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda fue ingresada por la CEA en octubre de 2024 y registrada bajo la clave 02BC2024H0042; luego de revisiones y dos suspensiones -una en enero de 2025 «por información adicional» y otra en julio pasado «por otras causas imputables al promovente»-, y finalmente el pasado 7 de enero se entregó el resolutivo a favor y se dio por concluido el trámite.

MIA

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), elaborada en 274 páginas por la empresa Cisco de Ensenada SA de CV, indica que el proyecto «consta esencialmente de instalación industrial ligero», se ubicará en las parcelas 32 y 35 del Ejido Mazatlán de Rosarito -aledaño a la Termoeléctrica Presidente Juárez de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-, y utilizará «aguas ociosas» de la instalación federal, volúmenes que antes utilizaban para su sistema de enfriamiento y que están en desuso.

La salmuera que resulte del proceso de desalación «generará una corriente residual de agua salada controlada que será retornada al mar (océano Pacífico) a través del canal de descarga de la misma central termoeléctrica», indica la MIA. 

El proceso de desalación generará un conjunto de residuos entre los que se encuentran los biosólidos -principalmente larvas y otros organismos del medio marino o plancton- y el agua de rechazo o salmuera. Ambas corrientes serán retornadas al mar por medio de un acueducto que les transportará a través del predio de la CFE hasta su canal de descarga, donde se mezclarán y de esta forma se diluirá la concentración de sal con el efluente descargado por la Termoeléctrica.   

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Según la presidenta Sheinbaum, «la mayor preocupación» es la sal, es uno de los problemas principales de las desaladoras, pero «las tecnologías existen». A pregunta sobre un proyecto para construir una planta en Puerto Peñasco, Sonora, la mandataria federal advirtió que el Golfo de California, limítrofe con ese municipio, «es muy sensible por la biodiversidad».

Para la desalinización es «es necesario separar de esta los sólidos suspendidos que contiene; esta acción se realiza mediante primero la dosificación de mínimas cantidades de productos químicos que coagulan y desestabilizan la suspensión de los sólidos, para enseguida realizar su separación física mediante un proceso de flotación y posteriormente una filtración. El pretratamiento dará lugar a la generación de un volumen significativo de lodos provenientes de los sólidos separados del agua de mar.  

Pero el agua desalinizada no es adecuada para el consumo humano, además es demasiado corrosiva para los sistemas de transporte, así que para hacerla potable se tratará mediante un proceso de mineralización, carbonatación y la adición de cloro para proteger el agua de infecciones en el sistema de distribución.

Argumentos y justificaciones

La desaladora atenderá la demanda del servicio de Tijuana y los valles ubicados en dirección a Tecate, así como a Rosarito y los desarrollos urbanos ubicados en el corredor costero al sur de ese municipio, que actualmente son abastecidos a través del Acueducto Río Colorado-Tijuana que a su vez recibe el recurso del Río Colorado, pero «los pronósticos anticipan que sufrirá reducciones llevando a la inevitable conclusión de que la región dependerá en gran medida de sistemas de desalación de agua de mar», anota la MIA.

Argumenta que en los últimos 40 años se ha registrado un incremento en desarrollos y población en la región señalada, «con la limitante de que hay poca disponibilidad de agua potable», y advierte que «en la actualidad, la escasez de agua es un problema crítico y ampliamente reconocido con impactos profundos a la calidad de vida de la población».

Según el planteamiento, la tasa de crecimiento promedio anual de la población en el estado es de 2.234 por ciento, y si se mantiene constante, para 2041 habría el doble de habitantes en la entidad. «En el estado actual, con la demanda en incremento y la baja disponibilidad de agua, la desalinización aportará los caudales extras que se demandan y que las fuentes tradicionales ya no tienen disponibles, o que su extracción implica el deterioro irremediable de los acuíferos, afectación que se ha observado en varias zonas de la región en forma de intrusión salina a los acuíferos costeros».  

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Además refiere que «la realización de este proyecto hará posible reducir o eliminar los procesos de deterioro a los mantos freáticos de la región, a causa de la intrusión salina por la sobre explotación a la que han estado sometidos los acuíferos», en referencia a conclusiones del Estudio Geohidrológico del Valle de Tijuana, elaborado en 1979 por la Conagua.

También plantea el costo que implica transportar el líquido desde Los Algodones, por donde se recibe el agua del Río Colorado: se requiere conducirla «a través de aproximadamente 100 kilómetros de canales desde el Distrito de Riego del Valle de Mexicali y, posteriormente, por 140 kilómetros de tubería pertenecientes al Acueducto Río Colorado-Tijuana. Esto implica además vencer mil 60 metros de carga hidráulica para cruzar la sierra de La Rumorosa, lo que ocasiona un elevado costo de operación por la demanda de energía eléctrica», la cual se reduciría en cerca de 36 por ciento.