¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Su presidenta quiere renuncia de Marina del Pilar
Tijuana, 22 de enero. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue diseñado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, impulsado también por organizaciones de la sociedad civil, y construido bajo una arquitectura institucional que prometía garantizar sanciones cuando se presentaran casos de corrupción.
Antes de la creación de ese sistema, diversas sanciones administrativas recaían en la entonces Secretaría de la Función Pública —hoy Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción—, pero con la reforma estas facultades se trasladaron a los tribunales de justicia administrativa, tanto federales como estatales.
De acuerdo a la página web del Gobierno de México, el Sistema Nacional Anticorrupción “se crea como una instancia de colaboración entre autoridades para definir objetivos comunes que aseguren resultados en el combate a la corrupción”.
Es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Su objeto es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades competentes en la materia.
Como su nombre lo indica, el Sistema tiene el carácter de nacional, por lo que aplica a las autoridades de nivel federal y estatal, así como de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de aquellos organismos constitucionalmente autónomos, como lo son las autoridades electorales o los institutos de transparencia.
Otro elemento fundamental en la construcción del Sistema fue privilegiar la participación ciudadana, en coordinación con las instancias públicas, en la lucha contra la corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción se integra por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción de cada entidad federativa.
Este diseño tiene como propósito abarcar las materias de fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Su actual presidenta es Vania Pérez Morales, quien se ha caracterizado por su postura crítica contra Adán Augusto López Hernández, luego de que investigaciones periodísticas revelaron la opacidad en la adquisición de la fortuna del senador morenista.
Este jueves, Pérez Morales pidió la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, quien un día antes reconoció que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su exesposo Carlos Torres Torres por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Su petición, dijo en sus redes sociales, es en aras “de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana”.
