Por paridad, TEPJF ordena revocar triunfos de magistrados federales en BC
Tijuana, 27 de agosto.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las victorias de cuatro candidatos a magistrados en la elección del Poder Judicial Federal en Baja California, tras identificar violaciones al principio de paridad de género, y otorgó los cargos a competidoras, quienes deben recibir la constancia que inicialmente se habían entregado a varones.
La decisión se tomó luego de analizar nueve impugnaciones, incluyendo tres presentadas por Ida Vargas Arias, aspirante por el Distrito 02 (Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito).
Los magistrados encontraron que el INE implementó incorrectamente los criterios de alternancia, desobedeciendo el Acuerdo INE/CG65/2025, y perjudicando a tres candidatas que tenían más votos que sus competidores pero fueron excluidas de la asignación de cargos.
La magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso elaboró el proyecto que recibió aprobación mayoritaria, pese a registrar dos votos en contra.
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En el Distrito 01 (Mexicali, San Felipe, Ensenada, San Quintín y San Luis Río Colorado, Sonora), inicialmente se desestimó la impugnación de Lorenia Molina Zavala. Sin embargo, la Sala Superior rechazó la propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y ordenó modificar la asignación; ahí, Octavio Bustamante González perderá su constancia.
Mientras, en el Distrito 02, a Jorge Luis Flores Rodríguez, Rubén López Alonso e Iván Eduardo Bernal Fonseca se les revocarán sus constancias y se darán a Denisse Andrea Ugalde Martínez, Karla Gisel Martínez Martínez e Ida Vargas Arias.
La decisión se dio este 26 de agosto, a menos de una semana de que los nuevos funcionarios judiciales tomen protesta -el próximo 1 de septiembre-, lo que otorga al INE un plazo de cinco días para realizar las modificaciones ordenadas por el Tribunal.
El pasado 1 de junio se realizaron las primeras elecciones judiciales federales, en las que los ciudadanos eligieron directamente 881 cargos del Poder Judicial Federal, como resultado de la reforma constitucional de 2024 que busca democratizar la selección de jueces y magistrados.
