Inhabilita tribunal 3 años a Jaime Bonilla por caso Next Energy
Tijuana, 9 de diciembre. El ex gobernador Jaime Bonilla Valdez fue sancionado con una inhabilitación de 3 años por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) por irregularidades en la fallida construcción de una planta la fotovoltaica por parte de la empresa Next Energy, confirmó la secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Gabriela Monge Pérez.
Se cuestionó sobre el tema a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda en su conferencia semanal, quien confirmó primero las versiones que se filtraron previamente sobre la inhabilitación de su antecesor, lo que significaría que este no puede participar en el proceso electoral de 2027.
«En efecto, el día de ayer fuimos notificados de esta resolución; conlleva una sanción grave, por eso lo tenía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y hay que recordar que estos asuntos vienen de inicios de esta administración, ya estaba para resolución» explicó Monge Pérez.
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La secretaria de Honestidad y Función Pública confirmó que la sanción es una inhabilitación por tres años, y explicó que «los presuntos responsables tienen las acciones correspondientes para impugnar la resolución».
Sobre la razón de la sanción, medios locales cuestionaron si se trataba del caso Next Energy, un proyecto iniciado por Bonilla Valdez durante su administración para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, la cual no pudo seguir debido a falta de permisos federales, a lo que la secretaria respondió «es el caso que usted comenta».
Avila Olmeda lo calificó como «contrato leonino»
La funcionaria explicó que el proyecto se firmó sin contar con los permisos federales ni municipales necesarios para construir y operar una infraestructura energética de esa magnitud.
El proyecto, adjudicado a la empresa Next Energy, se presentó en 2021 como una solución para abastecer de energía al acueducto Río Colorado–Tijuana.
Sin embargo, nunca se obtuvo permiso federal para el proyecto y la actual gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda canceló el contrato al sostener que se trataba de una negociación “leonina” que comprometía recursos públicos del estado sin garantías legales.
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Como parte del esquema de financiamiento se constituyó un fideicomiso en el que quedaron retenidos recursos estatales por 123 millones de pesos, situación que obligó al gobierno a emprender procesos legales para recuperar el recurso hasta que se le repusieron 172 millones, correspondiente a lo retenido más los rendimientos.
Por estas irregularidades, varios ex funcionarios han sido sancionados administrativamente en los últimos años.
La inhabilitación de Bonilla se suma a las acciones emprendidas por la actual administración para deslindar responsabilidades en uno de los proyectos más controversiales del gobierno anterior.
