Impuesto a remesas abulta la carga tributaria de indocumentados
La propuesta republicana que se discute en el Congreso de Estados Unidos de gravar con 5 por ciento las remesas de migrantes sin documentos abulta la carga tributaria que en sí ya tienen los trabajadores extranjeros en ese país y que no les reditúan en acceso a servicios públicos.
Los migrantes indocumentados no sólo pagan una carga fiscal más alta que el uno por ciento de los hogares con más ingresos en 40 de las 50 demarcaciones de Estados Unidos, sino también subsidian en parte servicios públicos a los que no tienen acceso, establecen reportes de grupos especializados.
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De acuerdo con un informe publicado por el Instituto de Tributación y Política Económica (ITEP, por su siglas en inglés), los migrantes indocumentados en Estados Unidos entregaron en un año 96 mil 700 millones de dólares en impuestos para todo orden de gobierno.
La cifra en sí representa todas las contribuciones de los migrantes sin papeles en Estados Unidos –de los cuales cuatro de cada 10 son mexicanos– y equivale prácticamente a la mitad de todo lo que recaudó el Servicio de Administración Tributaria en 2022.
Este miércoles, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el «Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley» –promovido por el republicano Jason Smith–, que pretende gravar con 5 por ciento a los recursos que envían trabajadores en territorio estadunidense a sus países de origen, entre otros (https://bit.ly/42W2h6a).
Esta forma de gravar a los migrantes sin documentos se suma a una serie de cargas fiscales que arrastraban los trabajadores de origen extranjero en Estados Unidos. Hasta hace un par de años –la estimación más reciente–, por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos, los servicios públicos reciben 8 mil 900 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales.
Con base en ese estimado del ITEP, cada inmigrante contribuyó a las arcas federales, estatales y locales con 8 mil 889 dólares en 2022, lo que supone que sólo los mexicanos, que se estiman en alrededor de 5 millones –varía de acuerdo con la fuente–, estarían entregando alrededor de 44 mil 445 millones de dólares en total.
Es una carga tributaria que no les da ninguna garantía. «Más de un tercio del dinero en impuestos que pagan los migrantes indocumentados se destina a impuestos sobre la nómina, destinado a financiar programas a los que estos trabajadores no pueden acceder», detalló el ITEP.
Y más allá de cualquier contribución a la seguridad social, la mayor carga tributaria viene del consumo –que en sí, es el mayor motor de la economía estadunidense, siete de cada 10 dólares provienen de él–, que representa prácticamente dos de cada tres dólares de ingresos fiscales en Estados Unidos.
De acuerdo con lo consignado por Americans for Tax Fairness, los migrantes sin documentos pagaron en 40 de los 50 estados una tasa de impuesto estatal local efectiva más alta (de 10.1 por ciento), que el uno por ciento de los hogares con ingresos más elevados, quienes pagan alrededor de 7.2 por ciento de sus ingresos en promedio.
En su momento, el Consejo Americano de Inmigración informó que los trabajadores migrantes sin documentos tienen tal peso en la economía de EU, que una deportación masiva reduciría la actividad entre 4.2 y 6.8 por ciento.
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Esto sin contar la «reducción significativa en los ingresos fiscales para el gobierno», que, de acuerdo con sus estimados rebasaron 100 mil millones de dólares; 46 mil 800 fueron a contribuciones federales, 29 mil 300 a estatal y local, además de los 22 mil 600 en seguridad social y 5 mil 700 a Medicare.
«Cada contribuyente asumiría la carga fiscal de las deportaciones masivas y cada estadunidense sentiría los efectos de un mercado laboral devastado», apuntó el Consejo.
De acuerdo con las organizaciones, mejorar el estatus de los migrantes implicaría un beneficio para las arcas públicas.
En 2022, seis estados recaudaron más de mil millones de dólares de migrantes sin documentos. California (8 mil 500 millones), Texas (4 mil 900 millones), Nueva York (3 mil 100 millones), Florida (mil 800 millones de dólares), Illinois (mil 500 millones de dólares) y Nueva Jersey (mil 300 millones de dólares).
