Imos opera en «limbo jurídico» por retraso de años del reglamento para Ley de Movilidad
Mexicali, 7 de marzo. La falta del reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado -cuya publicación lleva un retraso de casi seis años- ha provocado la aplicación discrecional por parte de autoridades del ramo, lo que constituye «una omisión reglamentaria que violenta los principios de seguridad jurídica y legalidad», señaló el diputado panista Diego Echevarría Ibarra.
«Mantener este esquema de ultra-vigencia por casi seis años constituye una omisión reglamentaria que violenta los principios de seguridad jurídica y legalidad», resaltó y expuso que esta situación ha derivado en prácticas discrecionales por parte del Instituto de Movilidad Sustentable (Imos), cuyos inspectores aplican de manera indistinta reglamentos de distintos municipios.
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Además, argumentó al proponer el exhorto -avalado por el pleno del Congreso-, el hecho al Imos operando en «un limbo jurídico» también ha generado un quebranto financiero para el estado, pues el Tribunal de Justicia Administrativa ha anulado multas por falta de competencia y fundamentación, de acuerdo con el comunicado de prensa.
Así, los transportistas viven en un estado de indefensión total porque desconocen la regla exacta que les es aplicable, afirmó al proponer al Congreso del Estado un exhorto al Ejecutivo para que expida y publique el reglamento, «y poner fin a la aplicación discrecional de reglamentos municipales y establecer un régimen uniforme de sanciones».
Tenían 180 días para emitirlo y publicarlo
Echevarría Ibarra señaló que la emisión y publicación del reglamento debió quedar en un plazo de 180 días después de marzo de 2020, cuando se aprobó la ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado, y mencionó que de acuerdo con el artículo 17 transitorio seguirían vigentes las disposiciones municipales hasta que se emitiera el reglamento estatal.
«Es una irresponsabilidad administrativa facturar multas que se saben, de antemano, legalmente endebles”, observó respecto a las sanciones recurridas.
El exhorto también solicita al Imos entregar un informe detallado sobre las infracciones aplicadas desde 2020, los montos recaudados, los juicios de nulidad interpuestos y el impacto económico de las devoluciones de pagos indebidos.
Además, se pide a la Auditoría Superior del Estado realizar una revisión especial sobre la legalidad del ejercicio recaudatorio del instituto, en materia de infracciones y sanciones impuestas bajo el amparo del régimen transitorio de su ley, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas derivadas de la omisión reglamentaria de expedir el reglamento de la misma y el consecuente quebranto financiero en su caso por las multas declaradas nulas.
