Hay 2 policías de Ensenada prófugos por presunta desaparición de 4 jóvenes: FGE
Tijuana, 25 de marzo. Dos policías municipales de Ensenada están prófugos por la presunta desaparición forzada de cuatro jóvenes en un rancho del ejido El Porvenir de ese municipio, reveló la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, quien además confirmó que hay otros seis agentes detenidos, y no descartó que el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en San Quintín el pasado 15 de este mes esté relacionado con este hecho.
Dio a conocer que para la detención de los seis agentes -todos en activo- el viernes pasado se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Defensa, la Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que es parte de la depuración policiaca que se lleva a cabo en todo el estado.
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Las víctimas, de 18 a 29 años
Andrade Ramírez calificó el suceso como «grave y delicado» por la desaparición de jóvenes -de entre 18 y 29 años- y por tratarse de un presunto delito cometido por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Dijo que para la detención de cada uno de los agentes se hicieron grupos integrados por las corporaciones federales y la FGE.
El incidente ocurrió la noche del pasado 7 de marzo en el ejido El Porvenir donde los agentes intervinieron y detuvieron a un grupo de jóvenes, pero solo presentaron a seis ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta posesión de armas y drogas, pero los otros cuatro están desaparecidos desde entonces.
Se trata de Rubén Efrén Ray Ordaz, de 18 años; Josué Fernando Tiznado Vidaca, de 19; Rigoberto Rivera Rangel, de 22, y Juan Edgar Mayorga Pérez, de 29 años, por quienes el colectivo Jeral Ensenada puso a disposición el número telefónico 646 245 3520 para recibir cualquier información.
La fiscal del estado confirmó que se hizo un cateo en el rancho de El Porvenir donde «al parecer fueron sacados por los agentes municipales», por lo que la corporación está bajo investigación.
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No descarta relación con 5 cuerpos calcinados en SQ
A pregunta expresa, Andrade Ramírez no descartó que los restos calcinados de cinco personas localizados en San Quintín el pasado 15 de marzo estén relacionados con la desaparición de los jóvenes, pero aclaró que están en espera de la identificación a través de muestras de ADN. Por las condiciones de los restos es un proceso más tardado, explicó.
A mediados de mes, la FGE informó sobre el hallazgo de los restos en el kilómetro 27 de la carretera Valle Tranquilo, dirigiéndose hacia el cerro, en San Quintín. En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Seguridad Ciudadana, de la Comisión Local de Búsqueda de Personas e integrantes del colectivo Madres Buscadoras de ese municipio, además de los binomios caninos Mamba y Jagger.
En su momento la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares informó que debido a la condición en que se encontraron los restos no pudieron determinar a simple vista el sexo o la edad de las personas.
Depuración policiaca en todo el estado
Respecto a la depuración policiaca, la fiscal del estado mencionó que es parte de la estrategia de seguridad en Baja California, para lo que iniciaron con las fuerzas de seguridad y continuar con el exterior.
Explicó que en este momento hay dos denuncias contra agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Playas de Rosarito, por presunto abuso de autoridad y robo. Ya hubo una reunión con el secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, para analizar el caso , dijo y explicó que debe ser una investigación «muy objetiva» por la naturaleza del trabajo policial.
María Elena Andrade recordó que actualmente la FESC está a cargo de la seguridad pública en Rosarito, mientras los 270 elementos de la policía municipal rosaritense están bajo evaluación, tal como ocurrió en Tecate, donde 100 agentes no aprobaron los exámenes de control y confianza por lo que se les dará de baja y se detectaron «numerosas incidencias», como el hecho de que agentes no autorizados portaran armas.
Entre septiembre y octubre de 2024, los agentes municipales del Valle de Mexicali también fueron desarmados y evaluados, y durante ese periodo las fuerzas federales se hicieron cargo de la seguridad en la zona.