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Baja California

Gobierno de BC retoma proyecto de desalinizadora en Rosarito, ante crisis de agua

Por: Mireya Cuéllar

Tijuana, 10 de noviembre.-Para “eliminar” la dependencia que esta región fronteriza tiene del agua del río Colorado –cuenca cada vez más estresada, cuya disponibilidad se reduce porque está sujeta a un tratado internacional con Estados Unidos–, la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) ingresó a trámite de autorización del gobierno federal el proyecto de planta desalinizadora Rosarito que producirá un recurso equivalente al que actualmente se transporta por el acueducto río Colorado-Tijuana (4.4 metros cúbicos por segundo).

Con sus variantes, porque no será una asociación público privada, sino que “la inversión del proyecto será con recursos estatales” –dice la manifestación de impacto ambiental (MIA) presentada en octubre pasado, aunque no da mayores detalles financieros–, es técnicamente el mismo plan que el último gobierno panista de Baja California presentó como la “desaladora más grande de América Latina”.

El objetivo, dice el gobierno del estado, es construir la planta “utilizando tecnología de membranas de ósmosis inversa, con capacidad nominal de 4.4 metros cúbicos por segundo (100 mil galones por día); y será alimentada con 8.8 metros cúbicos por segundo de agua de mar, la cual será tomada de las cajas de alimentación ociosas de la central termoeléctrica Presidente Juárez de la Comisión Federal de Electricidad.

Proceso de desalinizadora

El proceso de desalación generará una corriente residual de líquido salado concentrado (salmuera) de 4.4 metros cúbicos por segundo, la cual será retornada al mar a través del canal de descarga de la misma central termoeléctrica”.

Incluso, la MIA –con los ajustes del caso– es la misma que elaboró Cisco de Ensenada para el panista Francisco Kiko Vega (2013-2019), empresa que, según sus datos en la red, se dedica al “riesgo estructural, impacto ecológico, calidad del aire y administración ambiental”.

Ello, porque el actual gobierno estatal debió negociar con los autores del proyecto original. No sólo les compró el terreno donde se planeó –en el ejido Mazatlán, del municipio de Playas de Rosarito–, sino también todos los estudios que se habían realizado, a cambio de los 51 millones de dólares que Aguas de Rosarito exigía como indemnización después de que el ex gobernador Jaime Bonilla (2019-2021) canceló unilateralmente el proyecto de Kiko Vega.

Aguas de Rosarito

La empresa Aguas de Rosarito se constituyó en Mexicali el 17 de agosto de 2016, y cinco días después, el 22, consiguió el contrato por más de 9 mil millones de pesos para construir y operar la planta desaladora propuesta por el panista Kiko Vega. Para construir y operar la obra se alió después con una empresa francesa y otra con razón social en las Islas Caimán. Finalmente, el fondo de inversiones BlackRock Inc. se quedó con el proyecto, al asociarse con Aguas de Rosarito.

En la MIA, donde el gobierno actual de Baja California retoma el proyecto, también a 36 años, explica que lograr que el agua llegue a los hogares tijuanenses requiere conducir el líquido a través de unos 100 kilómetros desde el distrito de
riego del valle de Mexicali y, posteriormente, por 140 kilómetros de tubería pertenecientes al acueducto Río Colorado-Tijuana, que debe remontar la sierra de La Rumorosa, lo que demanda gran cantidad de energía eléctrica. Es decir, la desalinización podrá reducir en 36 por ciento la demanda de energía eléctrica que se necesite para surtir agua a Tijuana tomando como base el suministro actual del río Colorado, adicionalmente no se requerirá de potabilización posterior.

El proyecto se desarrollará en varias etapas y se prevé que la primera concluya en 2028, la segunda, en 2033; la tercera, 2047 y la cuarta en 2060.

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