EU, responsable de la muerte y tortura de Anastasio Hernández: CIDH
Tijuana, 1 de mayo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el gobierno de Estados Unidos es responsable del asesinato, privación de la libertad, tortura, falta de atención médica adecuada y finalmente violación al derecho a la justicia contra el migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas y su familia.
Hernández Rojas murió el 31 de mayo de 2010, tres días después de que agentes estadunidenses -al menos 20, refirieron testigos- lo golpearon brutalmente y electrocutaron con arma tipo taser a pesar de que estaba sometido y herido y no representaba ningún riesgo; se les observó desde ambos lados de la frontera, en las inmediaciones de lo que era la Puerta México de cruce a Tijuana, una de las más transitadas del mundo.
El país tendrá que rendir cuentas
Este 1 de mayo, casi 15 años después de los hechos, la CIDH emitió un informe en el que concluyó que «el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, a la salud, a la justicia y a recibir un tratamiento humano durante la privación de la libertad, establecidos en los artículos I, XI, XVII y XXV de la Declaración Americana sobre derechos humanos en perjuicio de Anastasio Hernández Rojas, su esposa María de Jesús Puga Morán y de sus hijos Yeimi Judith, Daisy Alejandra, Fabián Anastasio, Daniel y Daniela Hernández».
Al conocer la decisión de la CIDH, el director del Comité de Amigos Americanos en Estados Unidos, Pedro Ríos, señaló que «en el escenario mundial tenemos un grado de justicia que nunca fue posible en Estados Unidos», por lo que ese país tendrá que rendir cuentas.
Recordó que durante la investigación, «los agentes de la Patrulla Fronteriza manipularon pruebas, mintieron a los investigadores, borraron imágenes de video y obtuvieron ilegalmente los registros médicos de Anastasio para impugnar su reputación».En mayo de 2024, la cancillería mexicana había reiterado la denuncia por uso de fuerza letal por parte de los agentes estadunidenses y la exigencia de que se haga justicia a Hernández Rojas y su familia por los hechos ocurridos durante la administración de Barack Obama, a quien le hizo la primera demanda de atender y resolver el caso.
Duró unas cuantas horas en EU antes del ataque
Anastasio Hernández, de 35 años, originario de San Luis Potosí, había ingresado el 28 de mayo a Estados Unidos y esa misma noche, cuando estaba en vías de procesamiento para su deportación, según la Patrulla Fronteriza «no atendió» la orden de detenerse pues presuntamente trataba de evitar su repatriación, y los agentes «tuvieron» que someterlo.
Testigos señalaron que al menos 20 agentes de la Patrulla Fronteriza y Aduanas y Protección Fronteriza golpearon a Anastasio, quien pudo gatear unos metros con dirección a México, desde donde estuvo a la vista de ciudadanos y agentes del Instituto Nacional de Migración mexicanos, que no pudieron hacer nada porque estaba en suelo estadunidense; en su momento el entonces delegado del INM, Francisco Reynoso Nuño, admitió que no tenían cámaras en el ingreso a México, y las que había no funcionaban.
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Aunque los agentes estadunidenses lo jalaron de nuevo hacia una zona alejada no pudieron evitar que desde ambos lados se pudiera atestiguar la golpiza y cómo cuando quedó inerte todavía la ambulancia tardó media hora en llegar.
El Informe de Admisibilidad y Fondo No. 60/25 del Caso 14.042, sobre la responsabilidad internacional de Estados Unidos por violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia de Anastasio Hernández Rojas, emitido desde Washington, Estados Unidos, reconoce que hubo «uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales encargados de la seguridad fronteriza y en la posterior falta de investigación y sanción».
Asimismo, «la CIDH determinó que el uso de la fuerza en este caso fue innecesario y desproporcionado, considerando que el señor Hernández Rojas estaba desarmado, reducido y no representaba una amenaza. Además, resaltó que el trato recibido por la víctima y, en particular la forma en la cual fue atacado con armas tipo taser en modo de aturdimiento, configuró actos de tortura», indica.
«Igualmente, se observó que el señor Hernández Rojas no recibió atención médica adecuada, por lo cual la CIDH se refirió a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud a las personas privadas de la libertad, y estableció que su muerte fue consecuencia directa de la violencia ejercida por agentes estatales».
El informe expone que «la CIDH identificó serias falencias en el procedimiento penal como la falta de recolección y la destrucción de elementos probatorios, los sesgos con los que fue abierta la investigación, y la ausencia de medidas dirigidas a asegurar la participación de los familiares de la víctima».
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Concluyó que aunque las partes -familia de la víctima y gobierno- suscribieron un acuerdo conciliatorio a nivel interno, este no limitó la competencia de la CIDH de instrumentos internacionales, sin desconocer los efectos jurídicos que pueda general el acuerdo en la esfera nacional y su impacto en las reparaciones del caso.
El informe indica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que «los hechos de este caso no solo evidencian un contexto de discriminación estructural, sino que, además, reflejan la falta de adopción de medidas por parte del Estado que tengan en cuenta la intersección de los diferentes factores de vulnerabilidad en los que se encontraba en Anastasio Hernández al ser él una persona migrante, latina y privado de libertad».
Minutos interminables de tortura
Cuando se supo el fallecimiento de Anastasio -ya le habían diagnosticado muerte cerebral- por un infarto en el Scripps Memorial Hospital de San Diego, California, Humberto Navarrete Mendoza, un joven tijuanense que se encontraba entre los testigos, proporcionó su testimonio y varios videos en los que se escuchan los gritos de dolor, agonía y piedad del migrante mientras lo golpeaban y electrocutaban,, así como los reclamos inútiles de personas que exigían detener la agresión.
Al proporcionar el material, Navarrete Mendoza recordó en aquel 2010 que regresaba a Tijuana cuando escuchó los gritos de dolor de Anastasio. Aunque estaba a unos 50 metros y oscuro alcanzó a ver que el migrante estaba bocabajo, esposado con las manos hacia la atrás y un agente tenía una rodilla en su espalda y otro en el cuello.
Pudo observar que ya sometido, varios agentes fronterizos y de aduanas golpeaban al mexicano y a la señal de uno todos se retiraron y le hicieron descargas con el taser.
El entonces director del Comité de Amigos Americanos, Christian Ramírez, relató que el equipo de abogados designado por el Consulado General de México en San Diego, California, constató que la golpiza se prolongó 15 minutos.
Recomendaciones
La CIDH reiteró las recomendaciones del informe a Estados Unidos de reparar integralmente las violaciones de derechos; reabrir la investigación penal de manera diligente y efectiva, con el fin de esclarecer plenamente los hechos, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones correspondientes, y garantizar acceso a atención en salud mental, de forma concertada a los familiares de la víctima.
Además instó al Estado a «que adopte garantías de no repetición, entre ellas: adecuar la legislación sobre uso de la fuerza a estándares internacionales; asegurar la participación de las víctimas y mayor transparencia en procesos penales; mejorar las condiciones de detención, especialmente en centros fronterizos; restringir el uso de armas tipo taser conforme a principios de necesidad y proporcionalidad y prohibir su utilización en modo de aturdimiento; y capacitar a los agentes policiales en derechos humanos, uso de la fuerza, enfoques diferenciales e interseccionalidad».
