Dueño de Next Energy preso en Aguascalientes también es investigado en BC
Tijuana, 21 de enero. Por su participación en el fallido proyecto de la planta fotovoltaica de Mexicali, el gobierno estatal tiene una investigación abierta contra Eugenio Javier “N”, el dueño de Next Energy que actualmente se encuentra encarcelado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aguascalientes.
El consejero jurídico del Gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, informó sobre los avances en el caso contra 13 personas que habrían incurrido en diversos delitos relacionados con la constitución de un fideicomiso para la creación de la fotovoltaica durante la administración de Jaime Bonilla Valdez.
Informó que ya se cumplimentaron tres autos de vinculación a proceso; además hay ocho autos de apertura a juicio oral. También están pendientes de desahogarse dos audiencias iniciales, una de Bonilla Valdez y otra de Eugenio Javier “N”.
Se espera que el empresario comparezca el 11 de febrero y el exgobernador el 5 de marzo.
“Son los mismo actores, es el mismo modus operandi que ocurrió en Baja California”, explicó Pon Méndez al referirse a Eugenio Javier “N”, quien fue detenido en diciembre de 2025 y está acusado de fraude en relación a un contrato firmado con el Ayuntamiento de Aguascalientes para la construcción de un parque fotovoltaico, proyecto que nunca fue entregado por Next Energy.
“(Se trató) de la celebración de un contrato similar al de Baja California para la venta de energía a través de un parque de energía fotovoltaico”, indicó el consejero.
En la entidad, el contrato fue firmado por la administración de Bonilla Valdez con Next Energy y Banca Afirme para construir una planta fotovoltaica en Mexicali. El proyecto, carente de autorizaciones ambientales federales, representaba un daño potencial de 37 mil millones de pesos a las arcas estatales.
Una batalla legal impulsada por la actual gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, logró la recuperación de 172 millones de pesos que Banca Afirme retuvo por más de tres año hasta que se arrestó a Nabor “N”, uno de los directivos de la institución.
En diciembre de 2025, Bonilla Valdez fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por los siguientes tres años por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), misma sanción que han recibido por lo menos tres funcionarios de su gobierno.
