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Dos jueces ya son investigados por suspensiones contra reforma judicial

Por: Gustavo Castillo García / La Jornada

Los jueces Sergio Santamaría Chamú y Gabriela Ruiz Márquez, quienes otorgaron suspensiones en contra de la reforma judicial, informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ya dio a conocer el inicio una carpeta de investigación en su contra, además de que en el caso de la impartidora de justicia el Consejo de la Judicatura Federal también le abrió un procedimiento administrativo por sus resoluciones en las que ordena detener todo el proceso para la elección de jueces y magistrados en junio próximo.

Lo anterior durante la llamada Conferencia de los Jueces, en donde el magistrado Juan José Olvera López señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad, de acuerdo con la actual Constitución, de no enviar candidatos a la elección de junio próximo, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que en caso de el Poder Judicial no presente propuestas para los cargos a ministros de la Corte, magistrados y jueces, corresponde al Senado turnar al Instituto Nacional Electoral (INE), la lista correspondiente, y serán incluidos en las boletas correspondientes.

En el primer caso de los jueces que hoy están sujetos a investigación por la FGR, el juez federal Santamaría Chamú señaló que fue por denuncia del TEPJF que el Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación y ya se le solicitó copia certificada de todas sus resoluciones dentro del juicio de amparo 1074/2024.

En tanto la jueza Ruiz Márquez expuso que la indagatoria iniciada en su contra al igual que la investigación que abrió el CJF tienen la intención de intimidar a los jueces, y afirmó: “yo no tengo miedo. Mi resolución es con base en las en las facultades constitucionales que tengo, está fundada y motivada; hice un estudio del caso, puse la razonamientos y los diversos argumentos”, y agregó que “este tipo de situaciones me genera la impotencia de saber que estamos en un estado de derecho totalmente desconocido”.

A este respecto la magistrada Julia María del Carmen García, que se está persiguiendo a los importadores de justicia por emitir resoluciones contrarias “al oficialismo” y que “si alguien le ha quedado a deber a este país para la procuración de justicia, son las fiscalías que no han sido tocadas ni con el pétalo de una reforma” y que ante la agilidad para iniciar indagatorias contra sus compañeros “habría que cuestionar esa independencia de las fiscalías y su capacidad para actuar de manera profesional e imparcial”.

La SCJN

Respecto de la Corte y su decisión de no aprobar la lista de personas inmaculadas para participar en la elección de importadores de justicia, el magistrado Olvera López explicó que el pasado 27 de enero el TEPJF resolvió que en caso de que la SCJN “no apruebe los listados o no los someta a trámite, la mesa directiva del Senado de la República podrá remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al INE para continuar con el procedimiento electivo, en el entendido que las personas que conformen las listas serán candidaturas postuladas por el Poder Judicial de la Federación”.

Ante la señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que la Corte está violando la Constitución al no avalar el listado de personas insaculadas, la Corte tiene “la facultad de enviar o no candidaturas o no enviarlas completas”, y aseguró que los integrantes del máximo tribunal del país  están respetando lo establecido en la Constitución y los cambios realizados a la carta Magna en cuanto al Poder Judicial, y en ella se otorga facultades para que decida si presenta o no las candidaturas.

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