Con 16% de intención de voto, Celia Maya lidera preferencia para Tribunal de Disciplina Judicial
Ciudad de México, 28 de mayo. La última encuesta realizada por la consultora GobernArte reveló que Celia Maya García encabeza las preferencias con un 16.7 por ciento de intención de voto para presidir el Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo organismo creado a raíz de la Reforma Judicial que será encargado de investigar y sancionar faltas en el ejercicio de la justicia.
El levantamiento se realizó entre el 15 y el 20 de mayo, y la muestra utilizada consistió en 855 encuestas.
En la lista de candidatas, por debajo de Maya García se encuentran Ariadna Camacho Contreras (8.9 por ciento), Eva Verónica De Gyvés Zárate (8.1 por ciento), Anabel Gordillo Argüello (6.5 por ciento), Denisse de los Ángeles Uribe Obregón (4.5 por ciento), Ma. Belén Reyes Oropeza (1.9 por ciento) e Indira Isabel García Pérez (1.3 por ciento).
La lista de candidatos está integrada por los siguientes perfiles: Bernardo Bátiz Vázquez (15.2 de intención de voto), Jaime Santana Turral (12.6 por ciento), Rufino H. León Tovar (8.9 por ciento), Jorge Isaac Lagunes Leano (5.6 por ciento), Juvenal Carbajal Díaz (4.1 por ciento), José Artemio Zúñiga Mendoza (2.2 por ciento) y Juan Pedro Alcudia Vázquez (1.9).
A pesar de que Maya García es la aspirante puntera, la mayoría de los encuestados aún no sabe por qué candidatos votará en la elección del domingo 1 de junio (42.6 por ciento para mujeres y 38.4 por ciento para hombres), lo que refleja que la contienda aún está abierta.
Maya García, quien tiene el número 09 en la boleta turquesa, es doctora en Derecho. Fue consejera de la Judicatura Federal y ha complementado su formación con maestrías en Derecho Procesal Penal e Impuestos, además de especialidades en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito y Derecho Notarial. También ha cursado diplomados en Ética, Corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Es una de las principales impulsoras de la reforma judicial en foros y discusiones públicas.
Entre sus principales propuestas destacan: promover valores éticos, equidad e inclusión con capacitación para jueces que garantice independencia y ambientes libres de violencia; poner en marcha mecanismos para prevenir faltas administrativas y corrupción; establecer evaluaciones del desempeño judicial, priorizando la opinión de los ciudadanos; agilizar procesos para reducir la incertidumbre de los usuarios; y diseñar procedimientos ágiles que protejan a personas vulnerables, combatan la corrupción y fortalezcan la confianza en el sistema judicial.
