Compra SCJN camionetas de hasta 1.7 millones para cada ministro, por seguridad
Tijuana, 22 de enero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la renovación de su parque vehicular con la asignación de una camioneta Jeep Cherokee nueva para cada ministro, cuyo precio en el mercado oscila entre un millón 70 mil pesos y un millón 777 mil pesos, sin considerar posibles adecuaciones como blindaje.
El alto tribunal justificó este jueves la medida por razones de seguridad, al tratarse de vehículos modelos 2019 y 2020. Su reemplazo es parte de un proceso en marcha para la renovación de una flotilla más amplia, aunque no se ha precisado el número de unidades.
“La SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades. Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación.
Te puede interesar: SCJN analiza aplicar tasa cero de IVA a todos los productos de gestión menstrual
“La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”, explicó la Corte en una tarjeta informativa.
También justificó la medida con base en una norma interna, el Acuerdo General de Administración 2019, que en su artículo 32 establece que “el reemplazo de los vehículos utilizados para apoyo de la Dirección General de Seguridad podrá realizarse una vez que hayan cumplido cuatro años de servicio o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras”, previo dictamen la misma dirección.
“Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido. Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, concluye la tarjeta.
