Comisión de Igualdad se suma a Agenda por los Derechos de las Mujeres
Mexicali, 25 de marzo. La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada local, Liliana Michel Sánchez Allende, realizó su sesión ordinaria para presentar dos acuerdos referentes al Calendario Anual de Sesiones y a la Agenda Común por los Derechos de las Mujeres, así como tres dictámenes respecto a diversas iniciativas en materia de igualdad de género.
Los integrantes de la Comisión aprobaron agendar 10 sesiones ordinarias para 2025, para que se celebren los días 25 de cada mes en conmemoración del Día Naranja, excepto cuando corresponda a un día inhábil.
Por otro lado, los legisladores aceptaron suscribir la Agenda Común por los Derechos de la Mujeres, en la que se establecen ocho compromisos que son: legislar con perspectiva de género; tipificar la violencia laboral y política; sanciones civiles; autorizar y fiscalizar presupuestos con enfoque de género; incorporar estrategias para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la Ley de Acceso; crear un Consejo Estatal para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; políticas de cero tolerancia al acoso y hostigamiento laboral; y promover las capacitaciones en el Congreso del Estado.
Posteriormente, fueron presentados los proyectos de dictamen, iniciando con el correspondiente a la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California para contemplar al personal administrativo en los casos de violencia obstétrica.
También aprobaron el dictamen 2, respecto a la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, para reconocer la noción de espacio público e incorporar la modalidad de acoso sexual en espacios públicos.
De igual forma, avalaron la iniciativa que reforma a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California para generar una base normativa que impacte en los poderes públicos del estado y los ayuntamientos, estableciendo la obligación de implementar acciones para garantizar la igualdad y combatir la discriminación.
